Pedraz pretende archivar en breve la causa del Banco Popular de 2012 con el apoyo de la Fiscalía

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene intención de volver a archivar en breve la causa por la ampliación de capital del Banco Popular en 2012, para lo que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Así lo aseguran varias fuentes al tanto de la situación, que añaden que la ratificación de los peritos del Banco de España en su informe sobre este caso ha sido decisiva para esta decisión.

Como informó este medio, Pedraz decidió archivar esta causa del Banco Popular en noviembre, siguiendo el criterio también de la Fiscalía, al considerar que no hubo engaño a los inversores en aquella operación valorada en 2.500 millones de euros.

Los perjudicados por la citada ampliación -que perdieron todo su dinero en la resolución del Popular y su venta al Banco Santander en 2017- recurrieron el archivo. Para resolver este recurso, la Audiencia Nacional nombró un tribunal formado por Joaquín Delgado (ponente), Fernando Andreu y María Teresa García Quesada.

Los afectados recusaron a Andreu por haber llevado él la instrucción inicial del caso y haber rechazado en su día investigar la ampliación de 2012, lo cual, en teoría, le predisponía a volver a rechazarlo ahora y confirmar así el sobreseimiento de Pedraz. El propio Andreu aceptó la recusación y un nuevo tribunal ordenó al magistrado reabrir la causa. El 6 de febrero volvió a citar a los peritos Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro Navarrete, y éstos se ratificaron en las conclusiones de su informe.

Sobre esa base, Pedraz pretende ahora volver a decretar el sobreseimiento, de nuevo con el respaldo de la fiscal del caso, Belén Dorremochea. Los afectados han aportado un informe pericial del conocido catedrático Prosper Lamothe y han solicitado la comparecencia de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado (responsable en 2012 de la supervisión del Popular), del ex gobernador Luis Linde y del ex comisario europeo Joaquín Almunia, quien reconoció públicamente que en 2012 se les «escapó el Popular». Si Pedraz finalmente lleva a cabo el archivo del caso, volverán a recurrirlo.

Informe de los peritos

Ahora bien, los citados peritos consideran también que el Popular debería haber entrado en pérdidas en 2011 si hubiera reflejado correctamente su situación en las cuentas. Es decir, estos inspectores del Banco de España dan una de cal y otra de arena. Por un lado, sostienen que los inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2012 ganaron dinero, lo cual es cierto si hubieran vendido las acciones en los siguientes meses o años. Pero los que mantuvieron su inversión hasta 2017 acabaron perdiendo todo.

Por otro lado, aseguran que «las cuentas anuales del Banco Popular de 2011 y 2012 no cumplían con el marco contable de Banco de España en lo que respecta a la clasificación contable de las operaciones crediticias».  Si se hubieran dotado todas las provisiones necesarias para cubrir la morosidad real del banco, el Popular habría entrado en pérdidas en 2011 y duplicaría las sufridas en 2012, con el consiguiente hundimiento de su cotización en Bolsa.

Y añaden que «una incorrecta clasificación de los riesgos afectaría a la capacidad de los usuarios de la información financiera de valorar correctamente la suficiencia de las coberturas de esos riesgos, lo que podría influir en sus procesos de toma de decisiones de inversión».

Sin embargo, en la declaración del 6 de febrero matizaron que el Popular no tenía obligación legal de dotar esas provisiones porque formalmente no habían sido requeridos por el Banco de España: «Hasta que se hiciera el requerimiento oficial, el Banco Popular no tenía obligación legal de provisionar», afirmaron, a pesar de que se estaba ocultando información muy relevante a los inversores sobre la verdadera situación del banco.

Dos ampliaciones: 2012 y 2016

El Banco Popular se vio forzado a hacer una ampliación de capital de 2.500 millones en 2012 tras suspender por sorpresa los test de estrés a los que se sometió al sistema financiero español para calcular el importe del rescate de la Unión Europea. Como no fue suficiente, dada la gravedad de sus problemas de solvencia, tuvo que realizar otra por idéntico importe en 2016, que tampoco bastó para salvarlo de la resolución en junio de 2017. Los que compraron en ambas operaciones (y no vendieron las acciones en Bolsa antes de esa fecha) perdieron todo su dinero.

En ambos casos, los afectados acusan al banco y a su entonces presidente, Ángel Ron, de estafa a inversores y falsedad contable. En la causa referida a 2016, el juez José Luis Calama tiene pendiente el cierre de la instrucción desde el 29 de abril -fecha en que expiró la última prórroga- y está sufriendo presiones del Gobierno para que incluya al Banco Santander como responsable civil y a la auditora PwC como acusada, como también adelantó OKDIARIO. En un auto de enero aseguró que la cerraría este mes de febrero.