La Audiencia decreta la recusación de Andreu en la causa por la ampliación del Banco Popular en 2012

La sección tercera de la Audiencia Nacional ha admitido la solicitud de recusación del juez Fernando Andreu en la causa por la ampliación de capital del Banco Popular de 2012. Acepta así la solicitud de los afectados por aquella operación que había sido apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, como adelantó OKDIARIO.

Según un auto dictado el 10 de enero y comunicado a las partes este viernes, ha sido el propio Fernando Andreu el que ha aceptado su recusación por haber sido el magistrado que inició en 2017 las investigaciones de las dos ampliaciones de capital del Banco Popular, de 2012 y 2016.

«El artículo 225.3,2º LOPJ establece que “Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusación, se resolverá el incidente sin más trámites”. En el caso presente, concurre la aceptación de la causa de recusación por parte del Magistrado recusado, por lo que procede estimar la concurrencia de dicha causa. En consecuencia, dicho Magistrado ha de quedar apartado definitivamente del conocimiento del recurso, debiendo seguir conociendo de él, hasta su terminación, aquel a quien corresponda sustituirle (artículo 228.2 LOPJ)», explica el auto.

Por tanto, ahora la Audiencia Nacional debe nombrar otro juez que sustituya a Andreu para decidir sobre el recurso interpuesto por los perjudicados que compraron acciones en la ampliación de 2012 contra el cierre de la instrucción de esta causa sobre el Banco Popular.

Como informó este medio, el juez Santiago Pedraz decidió archivar esta causa en noviembre, siguiendo el criterio también de la Fiscalía, al considerar que no hubo engaño a los inversores en aquella operación valorada en 2.500 millones de euros. Pedraz tomó esta resolución a pesar de que un informe de dos peritos del Banco de España consideraba que el Popular debería haber entrado en pérdidas en 2011 si hubiera reflejado correctamente su situación en las cuentas.

Los perjudicados por la citada ampliación-que perdieron todo su dinero en la resolución del Popular y su venta al Banco Santander en 2017- recurrieron el archivo decretado por Pedraz y solicitaron la declaración del exgobernador del Banco de España, Luis Linde. Para resolver este recurso, la Audiencia Nacional nombró un tribunal formado por Joaquín Delgado (ponente), el citado Fernando Andreu y María Teresa García Quesada.

Los afectados consideraban que Andreu debería inhibirse precisamente por haber llevado él la instrucción inicial del caso y haber rechazado en su día investigar la ampliación de 2012, lo cual en teoría le predispone a volver a rechazarlo ahora y confirmar así el sobreseimiento de Pedraz. Por eso, solicitaron su recusación. Posteriormente, la fiscal anticorrupción Belén Dorremochea se sumó a esta solicitud.

«El Ministerio Fiscal, atendiendo a la causa número 11 de recusación de las enumeradas en el Art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: “11.ª Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”, considera que procede aceptar la recusación propuesta al haber dictado FERNANDO ANDREU MERELLES resoluciones judiciales relacionadas con tales hechos, aunque las mismas no se hayan pronunciado sobre el fondo del asunto», sostenía el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción.

Dos ampliaciones: 2012 y 2016

El Banco Popular se vio forzado a hacer una ampliación de capital de 2.500 millones en 2012 tras suspender por sorpresa los test de estrés al sistema financiero español para calcular el importe del rescate concedido por la Unión Europea. Como no fue suficiente, dada la gravedad de sus problemas de solvencia, tuvo que realizar otra por idéntico importe en 2016, que tampoco bastó para salvarlo de la resolución en junio de 2017. Los que compraron en ambas operaciones (y no vendieron las acciones en Bolsa antes de esa fecha) perdieron todo su dinero.

En ambos casos, los afectados acusan al banco y a su entonces presidente, Ángel Ron, de estafa a inversores y falsedad contable. En la causa referida a 2016, el juez José Luis Calama tiene pendiente el cierre de la instrucción desde el 29 de abril -fecha en que expiró la última prórroga- y está sufriendo presiones del Gobierno para que incluya al Banco Santander como responsable civil y a la auditora PwC como acusada, como también adelantó OKDIARIO.

La de 2012 es la que está archivada provisionalmente por Pedraz y el recurso contra la misma tendrá que ser resuelto por un tribunal en el que no estará Fernando Andreu.