El Gobierno presiona al juez del Banco Popular para que incluya al Santander y a PwC en el juicio oral

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está recibiendo presiones desde el Gobierno para que incluya al Banco Santander como responsable civil y a la auditora PwC como acusada en el auto de transformación previo a la apertura de juicio oral por la ampliación de 2016 del Banco Popular. Así lo aseguran fuentes de toda solvencia, que añaden que la intención del Ejecutivo es «tener controladas» a estas dos firmas y poder recurrir a ellas en el futuro en caso de necesidad.

Como ha venido informando OKDIARIO, el cierre de la instrucción de esta causa se está demorando desde el 29 de abril, fecha en que expiró la última prórroga. Una de las razones de este retraso es que Calama quiere dejar el caso muy bien armado para evitar una absolución como en el caso de la salida a Bolsa de Bankia. Pero otra es que quiere evitar también que se vea salpicado el Banco de España por el posible incumplimiento de sus obligaciones como supervisor de la entidad en ese momento.

Ahora, además, recibe estas presiones gubernamentales para incluir al Banco Santander y a PricewaterhouseCoopers, que era la auditora del Banco Popular. Se trata de un nuevo caso de intromisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el poder judicial por razones espurias, en este caso para contar con una capacidad de influencia sobre dos entidades de tanta relevancia. Porque hay mucho dinero en juego: 2.500 millones de euros.

Por otro lado, ambas cosas tienen cierto sentido. El Banco Santander es el heredero universal del Popular tras su compra para evitar su liquidación en junio de 2017, por lo que asumió todos sus derechos y obligaciones. Si ahora la entidad y sus entonces responsables, capitaneados por Ángel Ron, son condenados en vía penal -en este caso, por delitos de estafa a inversores y falsedad contable-, parece lógico que asuma la responsabilidad civil subsidiaria.

En contra de esta tesis está el reciente fallo del Tribunal General de la UE que dictaminaba que el Santander no debe indemnizar a los accionistas y bonistas del Popular por la resolución de la entidad, ya que en una liquidación habrían salido todavía peor parados. Sin embargo, fuentes jurídicas sostienen que una cosa es que la resolución con pérdidas para esos inversores fuera legal y adecuada, y otra es una posible condena penal por delitos cometidos antes de esa fecha.

PwC debía detectar irregularidades

En cuanto a PwC, era el responsable de detectar si las cuentas del banco reflejaban su situación real, que es lo que se va a determinar en el juicio. En el caso de que las cuentas estuvieran falseadas, el auditor tiene una responsabilidad por no cumplir su obligación. Por esa razón, Deloitte se sentó en el banquillo en el caso Bankia, aunque finalmente fue absuelto al concluir el tribunal que no hubo delito.

En el caso del Popular, las fuentes consultadas aseguran que, si PwC resulta condenado, también tendrá que hacerse cargo de parte de esa responsabilidad civil. La proporción que deberán asumir PwC y el Santander será dirimida por el tribunal en la eventual sentencia.

Según las fuentes, la intención de Calama es dictar en breve un auto de transformación en procedimiento abreviado, en el que tiene que plantear los delitos por los que los acusados se van a sentar en el banquillo. Acto seguido, la Fiscalía  y las acusaciones particulares emitirán escritos de acusación con sus peticiones de penas para los acusados. No obstante, todas estas circunstancias y presiones siguen retrasando el cierre de la instrucción.

El juez cuenta con numerosas evidencias de las irregularidades contables cometidas por Ron en la ampliación de capital, con el fin de poder colocarla entre los inversores e intentar así salvar el banco, algo que sólo fue posible durante un año. Esta ampliación captó 2.500 millones, en su mayor parte de pequeños clientes del banco, que perdieron todo ese dinero en la citada resolución y cuya única esperanza es una condena en esta causa.

Ese es un elemento que también presiona a Calama y que supone una diferencia con el caso Bankia, en el que los pequeños inversores ya habían recuperado su dinero en el arbitraje que puso en marcha Luis de Guindos y que ejecutó KPMG.

Además, hay otra causa abierta en la Audiencia Nacional por otra ampliación de capital de 2012, que instruye Santiago Pedraz. Este magistrado ha decretado el sobreseimiento provisional, pero los afectados han recurrido la decisión y han solicitado la declaración del ex gobernador del Banco de España Luis Linde.