Caso Banco Popular: su cierre se alarga para evitar absoluciones y no salpicar al Banco de España

El cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional se está alargando más de lo que nadie preveía: de hecho, se esperaba su conclusión antes del verano. Diferentes fuentes relacionadas con el proceso aseguran que el juez José Luis Calama tiene intención de terminarla cuanto antes, pero se está tomando tanto tiempo porque quiere dejar el caso muy bien armado para evitar una absolución como en el caso de la salida a Bolsa de Bankia.

Asimismo, el magistrado tiene que lidiar con un obstáculo que también surgió en aquella causa: la implicación del Banco de España como supervisor bancario. En la instrucción de Bankia, el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez llegó a estar imputado aunque finalmente no se sentó en el banquillo. Ahora, Calama quiere evitar también que se vea salpicado en el caso Banco Popular, según las fuentes. Algo que va a requerir un delicado armazón jurídico.

Esta instrucción se prolonga ya más de cinco años y la última prórroga expiró el 29 de abril. Dado que ninguna de las partes solicitó ampliarla, el magistrado podía cerrarla en cualquier momento desde esa fecha. Pero todavía no lo ha hecho.

Existen dos piezas separadas en la Audiencia Nacional. La primera y principal investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016, durante la presidencia de Ángel Ron, por posibles delitos de estafa a inversores y falsedad contable. La segunda investiga una posible manipulación de información para hacer caer el valor de la acción en Bolsa en los 108 días de mandato de Emilio Saracho.

Según las fuentes, Calama pretende dictar en breve auto de transformación en procedimiento abreviado para la primera pieza, el paso previo a la apertura de juicio oral, en el que tiene que plantear los delitos por los que los acusados se van a sentar en el banquillo. Acto seguido, la Fiscalía  y las acusaciones particulares emitirán escritos de acusación con sus peticiones de penas para los acusados.

El juez cuenta con numerosas evidencias de las irregularidades cometidas por Ron en la citada ampliación de capital, con el fin de poder colocarla entre los inversores e intentar así salvar el banco, algo que sólo fue posible durante un año: el Popular fue resuelto en junio de 2017 y vendido al Banco Santander por un euro (si bien este último tuvo que hacer una ampliación de 7.000 millones para absorberlo).

El precedente de Bankia

Ahora bien, la OPV de Bankia era un caso muy similar -falseamiento de las cuentas para colocar las acciones entre inversores minoristas- y también había numerosas pruebas al respecto, pero la Audiencia absolvió a los acusados con Rodrigo Rato al frente. Con ese precedente, Calama no quiere correr el riesgo de que le ocurra lo mismo en el Popular, y por eso quiere dictar un auto que haga casi imposible la absolución de Ron y su cúpula. De ahí que le esté llevando tanto tiempo.

En cuanto al Banco de España, parece evidente que falló su supervisión si no detectó estas irregularidades en los dos casos; o peor todavía, las detectó y aun así permitió que las entidades siguieran adelante con esas operaciones. En este punto, Calama sí puede agarrarse al caso Bankia, donde la institución fue exonerada.

La prueba más contundente de los presuntos delitos en el caso banco Popular es el informe encargado a los peritos del Banco de España, Pablo Hernández y Santiago Ruiz-Clavijo, que concluye que la entidad debió dar pérdidas desde 2012 y que Ron ocultó la morosidad real del Popular a través de la sociedad luxemburguesa Thesan en la ampliación de capital de 2016.

No obstante, estos peritos se negaron en marzo a reformular las cuentas de 2015 y 2016, como les había pedido el juez, alegando que los resultados de inspecciones posteriores no pueden trasladarse a las cuentas con efecto retroactivo.

Sobreseimiento de la pieza de Saracho

Respecto a la segunda de las piezas, la que afecta a Saracho, las fuentes aseguran que Calama va a sobreseerla porque las acusaciones -básicamente, fondos de inversión que perdieron su dinero en la resolución del banco- no van a pedir su imputación al no haber encontrado ningún indicio de la operativa que se achaca al sucesor de Ron.

Finalmente, se ha abierto otra instrucción en la Audiencia Nacional, que esta vez lleva Santiago Pedraz, por otra ampliación anterior de 2012, que Ron tuvo que llevar a cabo tras suspender los test de estrés a la banca española. En esta causa, los peritos del Banco de España han apoyado la actuación de Ron para salvar la cara a la subgobernadora, Margarita Delgado, que entonces era responsable de la unidad que supervisaba al Popular, como informó OKDIARIO.