El juez cerrará la instrucción del ‘caso Banco Popular’ antes de fin de mes y exonerará a Saracho

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene previsto cerrar la instrucción del caso Banco Popular en las próximas semanas, y en todo caso antes del 30 de junio, según fuentes conocedoras de la situación. Estas fuentes añaden que no planteará una acusación contra el ex presidente Emilio Saracho, salvo un remoto giro de última hora, pero sí mantendrá imputados a su antecesor, Ángel Ron, y a parte de su cúpula directiva.

Esta instrucción se prolonga ya más de cinco años y la última prórroga expiró el 29 de abril. Dado que ninguna de las partes ha solicitado que se vuelva a ampliar, el magistrado puede cerrarla en cualquier momento, aunque desde entonces tenía pendientes algunos trámites. Una vez despachados, las fuentes consultadas aseguran que la resolución es inminente.

Actualmente, existen dos piezas separadas en la Audiencia Nacional. La primera y principal investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016, durante la presidencia de Ron, por posibles delitos de estafa a inversores y falsedad contable. La segunda investiga una posible manipulación de información para hacer caer el valor de la acción en Bolsa en los 108 días de mandato de Saracho.

Según las fuentes, Calama va a sobreseer la segunda de estas piezas porque las acusaciones -básicamente, fondos de inversión que perdieron su dinero en la resolución del banco- no van a pedir su imputación al no haber encontrado ningún indicio de la operativa que se achaca a Saracho. Por el contrario, va a dictar auto de incoación de procedimiento abreviado para la primera pieza, el paso previo a la apertura de juicio oral, en el que tiene que plantear acusaciones formales y peticiones de penas para los imputados.

En este caso, sí cuenta con numerosas evidencias de las irregularidades cometidas por Ron en la citada ampliación de capital, con el fin de poder colocarla entre los inversores e intentar así salvar el banco, algo que sólo fue posible durante un año: el Popular fue resuelto en junio de 2017 y vendido al Banco Santander por un euro (si bien este último tuvo que hacer una ampliación de 7.000 millones para absorberlo).

La prueba más contundente de estos presuntos delitos es el informe encargado a los peritos del Banco de España, Pablo Hernández y Santiago Ruiz-Clavijo, que concluye que la entidad debió dar pérdidas desde 2012 y que Ron ocultó la morosidad real del Popular a través de la sociedad luxemburguesa Thesan en la ampliación de capital de 2016.

No obstante, estos peritos se negaron en marzo a reformular las cuentas de 2015 y 2016, como les había pedido el juez, alegando que los resultados de inspecciones posteriores no pueden trasladarse a las cuentas con efecto retroactivo.

Trámites pendientes

Entre los trámites que ya ha resuelto Calama se encuentra dar respuesta a la petición de Aeris Invest, el vehículo de inversión del empresario chileno Andrónico Luksic, de imputar al Banco Santander. El magistrado denegó esta petición en mayo, si bien lo mantuvo como responsable civil de las posibles indemnizaciones que se deriven de una eventual condena.

Asimismo, tiene pendiente responder al auditor del banco, PwC, que el mes pasado solicitó el sobreseimiento con el argumento de que los hechos han prescrito y apelando al precedente de Bankia, donde la sentencia de la Audiencia, ratificada por el Tribunal Supremo, absolvió a su auditor, Deloitte.

El auto de incoación de procedimiento abreviado puede ser recurrido por las partes, pero eso no impide que, mientras tanto, Calama dicte también el auto de apertura de juicio oral. Si la Sala falla a favor de algún recurso, entonces decae dicha apertura.

Por otro lado, el citado Luksic perdió también en mayo el arbitraje internacional que había planteado contra el Reino de España, como había adelantado OKDIARIO. Finalmente, se ha abierto otra instrucción en la Audiencia Nacional, que esta vez lleva Santiago Pedraz, por otra ampliación anterior de 2012, que Ron tuvo que llevar a cabo tras suspender los test de estrés a la banca española.