Los afectados recurren el archivo de la ampliación del Banco Popular en 2012 y piden que declare Linde

Ante lo cual, el recurso, elaborado por el bufete Durán & Durán, concluye que los inversores «no tuvieron la más mínima idea o conocimiento del origen de esas reclasificaciones, ni de que provenían de ejercicios anteriores a 2011 y del propio ejercicio 2012. Ni de que el Banco de España a través de la Inspección tenía detectados déficits y reclasificaciones no realizadas desde el 2008 por miles de millones de euros».

Asimismo, el recurso abre un nuevo frente judicial, que es la ocultación de los verdaderos motivos de la ampliación de 2012: «Constituía una información esencial, ocultada y hurtada a los inversores que, en realidad, era falso el contenido del folleto sobre la causa de la ampliación de capital, dado que era falso que derivase del cambio normativo impuesto por los Reales Decretos 2/2012 y 18/2012, así como por el Memorando firmado por el Gobierno con la UE. Las provisiones y reclasificaciones no realizadas tenían causa en los incumplimientos milmillonarios que el banco llevaba ocultando desde el ejercicio 2008 y que el Banco de España conocía perfectamente».

Los decretos a los que se refiere son los conocidos popularmente como «Decretos Guindos», que dictó el entonces ministro de Economía para obligar a bancos y cajas de ahorros a reconocer sus verdaderas pérdidas en el ladrillo, lo que a la postre condujo al rescate financiero de España.

Diligencias y declaraciones

En vista de todo lo anterior, el recurso sostiene que «el auto de sobreseimiento provisional es prematuro al no haberse agotado la fase de investigación de los hechos al existir diligencias de investigación necesarias, pertinentes y útiles».

Entre esas diligencias, se encuentran la declaración de los peritos para que aclaren las contradicciones entre estas afirmaciones y las de que la ampliación fue un éxito y que la ocultación de estas pérdidas «no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad». Estas últimas afirmaciones están muy influidas por el deseo de no dejar mal a la actual subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, entonces responsable de supervisión el Popular.

Los querellantes también solicitan abundante documentación al Banco de España y al sucesor del Popular, el Santander, así como la declaración de Linde, el gobernador anterior a Pablo Hernández de Cos, y del inspector Ignacio Pardo Cuerdo. Se basan en que ambos «han declarado en la comisión de investigación sobre el sector bancario español, y han manifestado y afirmado hechos que son absolutamente incompatibles y contrarios a muchas de las conclusiones del informe pericial emitido por los peritos del Banco de España, en el presente procedimiento».