Los peritos del Banco de España reconocen que el Popular debería haber entrado en pérdidas en 2011

El Banco Popular arrastraba una enorme morosidad al menos desde 2008 que ocultó al mercado y debería haber declarado pérdidas en las cuentas de 2011, las que se usaron para la ampliación de capital de 2012. Así se recoge en el informe de los peritos del Banco de España remitido al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso OKDIARIO.

De este informe se ha destacado su visión positiva de la operación, muy influida por la necesidad de no dejar mal a la actual subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, entonces responsable de supervisión el Popular. Esta visión es la que ha permitido a Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decretar el archivo provisional de la causa.

Sin embargo, el documento remitido por los peritos Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro Navarrete es mucho más amplio y reconoce los graves problemas de solvencia que arrastraba la entidad presidida por Ángel Ron desde 2008 y que, a la postre, terminaron con su resolución en junio de 2017.

Así, asegura que «el retraso en las reclasificaciones a dudosos era ya significativo desde 2008». En el cuarto trimestre de ese año el Banco de España realizó una revisión de las carteras del Popular en la que «se puso de manifiesto un fortísimo deterioro de la calidad de la cartera desde la anterior revisión, tanto que las revisiones propuestas fueron 4.366 millones de € a dudoso, 843 millones de € a subestándar y un déficit de provisiones de 1.811 millones de €». Y añade que «los ajustes de la nueva revisión quedaron pendientes a finales de 2008».

Incumplimiento de la norma

El concepto dudosos es el mismo que morosos, es decir, créditos que han incurrido en impago durante más de tres meses. Subestándar son aquellos préstamos que no han incurrido aún en impago pero que tienen muchas probabilidades de hacerlo dado el deterioro de la solvencia del cliente. Las provisiones son el dinero que debe apartar el banco para cubrir esos riesgos, que supone una pérdida en su cuenta de resultados.

Esta situación mejoró ligeramente en 2009 y volvió a empeorar en 2010 y 2011, sin que el Popular tomara medidas para provisionarla puesto que eso habría significado su entrada en pérdidas, con el consiguiente hundimiento de su cotización en Bolsa. Argumento que utilizó Ron para negarse a cumplir las instrucciones del supervisor. Al cierre de 2011, las cuentas que se ofrecieron a los inversores para la ampliación de 2012, había 5.614 millones de mora sin reconocer, 1.147 millones sin clasificar como subestándar y un déficit de provisiones de 2.851 millones.

«En nuestra opinión, en virtud de las normas generales de la Circular del Banco de España 4/2004, dichos importes deberían haber estado reclasificados a dudoso y subestándar en diciembre de 2011», sostienen los peritos.

Ocultación material

Pero el informe va todavía más allá: «En resumen, al menos 5.614 millones de € de riesgos normales debían haber figurado como dudosos a cierre de 2011».  «Estas cifras son materiales dado que el importe total de dudosos de Banco Popular a esas fechas era de 7.323 millones de € (…). Así, la consideración de todos estos riesgos como dudosos a diciembre de 2011 hubiera supuesto una ratio de mora un 76% superior a la publicada» por Ángel Ron.

«Considerando todo lo anterior, concluimos que las cuentas anuales de Banco Popular de 2011 y 2012 no cumplían, en nuestra opinión, con el marco contable del Banco de España en lo que respecta a la clasificación contable de las operaciones crediticias».

El informe concluye: «Finalmente, queremos hacer constar que la correcta clasificación de las operaciones crediticias condiciona el importe de las coberturas contables necesarias para dichas operaciones, de manera que una incorrecta clasificación de los riesgos afectaría a la capacidad de los usuarios de la información financiera de valorar correctamente la suficiencia de las coberturas de esos riesgos, lo que podría influir en sus procesos de toma de decisiones de inversión».

Pese a ello, tanto la fiscal como el juez consideran que esta morosidad oculta «no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores».