Andreu, el juez que inició el ‘caso Banco Popular’, decidirá si se reabre la causa que archivó Pedraz

El archivo definitivo de la causa por la ampliación de capital del Banco Popular en 2012 ha quedado en manos del juez que inició las investigaciones de la entidad: Fernando Andreu. Este magistrado formará parte del tribunal de la Audiencia Nacional que decidirá sobre el recurso de los afectados contra el sobreseimiento provisional decretado por Santiago Pedraz.

En una diligencia de ordenación se nombra un tribunal para resolver este recurso, adelantado por OKDIARIO, formado por los jueces Joaquín Delgado (ponente), el citado Fernando Andreu y María Teresa García Quesada. Dicha apelación de los perjudicados por la compra de acciones en la operación de 2012 también solicita la comparecencia del ex gobernador del Banco de España, Luis Linde.

Fernando Andreu fue quien admitió la primera querella tras la resolución del Banco Popular, interpuesta por inversores que compraron acciones en una segunda ampliación de capital en 2016. Sin embargo, Andreu dejó el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2018 para incorporarse a la Sección Segunda y el caso pasó al actual instructor, José Luis Calama.

Los afectados por la primera ampliación, la de 2012, intentaron que Calama también investigara aquella operación, pero este magistrado rechazó sus pretensiones. Estos accionistas volvieron a la carga en 2022, y esta vez su querella sí fue admitida por Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

No obstante, este último juez decidió el 31 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa, basándose en una parte del informe encargado a los peritos del Banco de España Jaime Cidoncha Gallego y Juan Francisco Castro Navarrete. Estos expertos trataron de salvar la cara a la entonces responsable de supervisión del Popular y hoy subgobernadora, Margarita Delgado.

Pero los peritos tampoco ocultaron la realidad e incluyeron en su informe la morosidad oculta que tenía ya en 2012 la entidad que presidía Ángel Ron, que cifraron en 7.000 millones. Asimismo, concluyeron que el Popular debería haber entrado en pérdidas en las cuentas de 2011, las que se usaron en el folleto de la ampliación del año siguiente.

Sobre esa base, los perjudicados por la ampliación de 2012 recurrieron el archivo de la causa, y es este recurso el que debe resolver el tribunal del que forma parte el propio Andreu. Como era de esperar, se han opuesto a este recurso los ex directivos del Popular de aquella época Roberto Higuera, Jacobo González Robatto y José Ramón Rodríguez García.

Posible inhibición

Algunas de las partes del proceso creen que Andreu debería inhibirse precisamente por haber llevado él la instrucción inicial del caso; de hecho, los querellantes han solicitado su recusación. Otras partes consideran que este magistrado tendrá bastante interés en admitir el recurso y mantener viva la causa que él mismo inició.

El Banco Popular se vio forzado a hacer una ampliación de capital de 2.500 millones en 2012 tras suspender por sorpresa los test de estrés al sistema financiero español para calcular el importe del rescate. Como no fue suficiente dada la gravedad de sus problemas, tuvo que realizar otra por idéntico importe en 2016, que tampoco fue suficiente para salvarlo de la resolución en junio de 2017. Los que compraron en ambas operaciones (y no vendieron las acciones) perdieron todo su dinero.

En ambos casos, acusan al banco y a su entonces presidente, Ángel Ron, de estafa a inversores y falsedad contable. En la causa referida a 2016, Calama tiene pendiente el cierre de la instrucción desde el 29 de abril -fecha en que expiró la última prórroga- y está sufriendo presiones del Gobierno para que incluya al Banco Santander como responsable civil y a la auditora PwC como acusada, como también adelantó OKDIARIO.