La Fiscalía pide el archivo de la causa pese a que el Popular tenía una morosidad oculta de 7.000 millones

La Fiscalía Anticorrupción pidió este martes el archivo de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital del Banco Popular en 2012, con el argumento de que se ajustó a la legalidad. Sin embargo, la entidad tenía una morosidad oculta de más de 7.000 millones de euros y un déficit de provisiones de más de 700 de los que no se informó a los inversores en el folleto de dicha ampliación. Por contra, sí era consciente de ello el Banco de España.

Así consta en documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO. En ellos se constata que, a 31 de diciembre de 2012, después de la ampliación de 2.500 millones, el Banco Popular tenía pendientes de traspasar 3.920 millones de euros a morosidad y 3.167 millones más a dudosos subestándar (préstamos que no han incurrido aún en impago pero que tienen elevada probabilidad de hacerlo).

Para cubrir esos riesgos, faltaban 1.175 millones de provisiones, que se quedaron en 727 millones después de dotar las exigidas por los llamados ‘decretos Guindos’, que impusieron provisiones adicionales por los activos inmobiliarios de la banca (y que a la postre forzaron el rescate de las cajas de ahorros). Las provisiones son dinero que tienen que guardar los bancos para hacer frente a la morosidad y que suponen una pérdida en la cuenta de resultados.

En el folleto de aquella ampliación de capital del Banco Popular, el documento en que se debe ofrecer toda la información a los inversores para que compren las acciones, no se reflejaba esta morosidad oculta ni este déficit de provisiones.

La información que se debía haber ofrecido era la de junio de 2012, la última disponible. Pero si tomamos la del cierre de 2011, el problema era más grave aún: no estaban reconocidos como morosos 6.455 millones ni como subestándar 4.604 millones, con un déficit de provisiones de 1.644 millones.

Según el citado documento, el Banco de España obligó a la entidad a dotar esas provisiones en 2013, con posterioridad a la ampliación. Pero no le obligó a incluirla en el folleto de la operación, con lo que permitió que éste no ofreciera una imagen fiel de la situación del Popular.

No es relevante para la fiscal

Anticorrupción reconoce que, en esa operación, quedó «pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013», recogidos en el informe pericial del Banco de España (no dice nada de los subestándar).

Ahora bien, añade que esta «omisión no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores». Es decir, ocultar casi 4.000 millones de morosidad a los inversores no es relevante para los inversores ni empeora la imagen de la entidad, según la fiscal Belén Dorremochea.

Ésta basa su petición de archivo en que la ampliación «se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes y en que el informe del Banco de España sostiene que supuso «una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas». Como informó OKDIARIO, en este informe influyó mucho que la responsable de supervisión del Popular en el Banco de España era la actual subgobernadora, Margarita Delgado.

El Banco Popular se vio obligado a realizar la ampliación en noviembre de 2012 tras suspender por sorpresa los primeros test de estrés a los que se sometió a la banca española por la crisis financiera. Dada la morosidad oculta y el deterioro del mercado inmobiliario, tuvo que hacer otra de otros 2.500 millones en 2016, que a la postre tampoco fue suficiente para salvar la entidad.

Esta segunda ampliación es objeto de la causa principal que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, también por falsedad contable y estafa a inversores, y que está muy próxima a su cierre y a la apertura de juicio oral.