El Supremo admite un recurso del Santander contra una multa de 10,5 millones de Calviño por el Popular

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso Nadia Calviño por infracciones de la normativa antiblanqueo de capitales por parte del Banco Popular. La resolución de este recurso puede ser muy relevante para el juicio del ‘caso Banco Popular’ en la Audiencia Nacional, que se celebrará previsiblemente este año.

El Santander cuestiona que deba asumir la responsabilidad y las consiguientes multas por esas actuaciones cometidas por el antiguo Banco Popular, al tratarse de sanciones administrativas con naturaleza penal según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el magistrado Eduardo Calvo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, considera que, dada esa circunstancia, el recurso del Santander tiene «interés casacional».

«Esta Sección considera que resulta apreciable el interés casacional objetivo alegado con fundamento en el derecho a la doble instancia de revisión jurisdiccional de las infracciones administrativas graves (…) y, en consecuencia, considera procedente, en este caso, admitir a trámite el presente recurso de casación a fin de completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir la jurisprudencia de esta Sala» contenida en varias sentencias anteriores, estima el Alto Tribunal.

Esta historia comenzó en mayo de 2019, cuando la entonces ministra de Economía impuso al Santander ocho sanciones por distintos incumplimientos de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo cometidos por el Banco Popular, por un total de 10,4 millones de euros. Calviño entendió que el banco que preside Ana Botín debía hacerse cargo de todas estas sanciones al ser el heredero universal del Popular tras comprarlo después de su resolución en junio de 2017.

Largo litigio

El Santander recurrió esta orden ante la propia Calviño, quien lo desestimó en septiembre de 2020. Entonces la entidad apeló a la Audiencia Nacional, donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó una sentencia el 21 de julio pasado que también desestimó sus pretensiones.

Ante ello, el banco decidió gastar su último cartucho recurriendo en casación al Supremo, que el pasado 13 de diciembre dictó un auto admitiendo a trámite dicho recurso. Aparte de plantear la posible infracción del principio de culpabilidad y responsabilidad personal del artículo 25.1 de la Constitución, el Santander emplea otros dos argumentos.

El primero es que la sanción aplica al Popular unos criterios sobre el blanqueo de capitales que se establecieron con posterioridad a los hechos, «por lo que no puede pretenderse que la entidad hubiese incurrido en una infracción administrativa por no anticipar debidamente los criterios aplicados por el supervisor a posteriori», según el recurso. Los hechos por los que la entidad adquirida incurrió en esa posible vulneración de la normativa antiblanqueo se refieren a unas transferencias realizadas por ciudadanos chinos a su país.

El segundo consiste en que, a juicio del Santander, el Popular aportó la información y documentación que creía adecuada ante los requerimientos del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) y, «sin embargo, la Administración sancionó al entender que había información adicional en poder de la entidad que debería haber sido aportada».

Implicaciones para el ‘caso Popular’

La resolución de este recurso puede tener gran relevancia para el juicio del caso Banco Popular que se celebrará cuando el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama  declare cerrada la instrucción, que formalmente concluyó en abril. Lo normal es que considere al Santander responsable civil subsidiario de la posible condena a la antigua cúpula del Popular, encabezada por Ángel Ron; de hecho, el Gobierno presiona para que así lo haga y que también impute al auditor, PwC, como informó OKDIARIO.

Este caso se refiere a los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a inversores en la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016. Esa es la cantidad que se juega el Santander en ese pleito, menos 764 millones que devolvió mediante un bono a los inversores minoristas que lo solicitaron y renunciaron a acciones judiciales.

Por tanto, la decisión del Supremo sobre la responsabilidad del Santander en las presuntas infracciones administrativas de naturaleza penal cometidas por el antiguo Popular puede dar un argumento de peso tanto a la Fiscalía –si finalmente falla en contra del banco– como a la entidad financiera para librarse de pagar esos 1.736 millones, en caso de que le dé la razón el Alto Tribunal.