Naturgy y Unicaja: cuando los accionistas se pelean, el buen gobierno salta por la ventana

Ni el calor sofocante ni la campaña electoral han frenado las guerras de poder en dos grandes empresas del Ibex: Naturgy y Unicaja Banco. Esta semana hemos asistido a movimientos muy importantes que condicionarán el futuro de ambas y que han servido para demostrar una vez más lo que todos sabemos: que el buen gobierno corporativo es una filfa en España y que se arrumba en un rincón cuando están en juego las cosas de comer.

En los dos casos, el accionista dominante (La Caixa y la Fundación Unicaja, respectivamente) ha querido dejar claro a los demás quién manda y que no va a dejar de hacerlo por más que intenten impedírselo: perded toda esperanza, como rezan las puertas del infierno. Ni buen gobierno, ni normas del BCE, ni nada.

Empezando por Naturgy, aquí la guerra se libra entre Criteria, el holding de La Caixa que preside Isidro Fainé -el hombre más poderoso de España, como siempre decimos en esta columna-, dueño del 26,7% del capital, y tres fondos de inversión que no pasan del 20% individualmente… pero que juntos suman el 54%. O sea, que si se ponen de acuerdo, se pueden hacer con el control de la gasista, aunque la concertación les obligaría a lanzar una opa por el 100% (o no, miren el precedente de Indra). Que es lo que temen más que un nublado en las torres negras de la Diagonal porque el dividendo de Naturgy es la clave de bóveda de la obra social de La Caixa.

La saga/fuga del CEO

Por eso, cuando el fondo australiano IFM lanzó su opa en 2021, Naturgy le dio un asiento en el consejo, y entregó otro a Criteria (que pasó de dos a tres) para mantener su preeminencia, a costa de sacrificar dos independientes (en contra de las normas de buen gobierno, de nuevo). También se planteó a principios de 2022 la partición de Naturgy en dos empresas, una para el negocio liberalizado y otra para el regulado, un plan que veían con buenos ojos los dos bancos pero que quedó aparcado por la guerra de Ucrania.

Ahora, los fondos han vuelto a la carga con el intento de nombrar un consejero delegado con la excusa del buen gobierno, que exige repartir el poder y no tener presidentes plenipotenciarios. En realidad, lo que quieren es preparar una operación corporativa que les permita vender su participación, en la que acumulan grandes beneficios. Por eso querían un banquero de inversión.

Pero Fainé les ha vuelto a hacer la 13-14: primero acepta siempre que el elegido le satisfaga, se llega a un nombre de consenso -Ignacio Gutiérrez Orrantia, jefazo de Citi y asesor habitual de Naturgy- y, cuando parece que está todo hecho, pide al banco norteamericano que frene el nombramiento como informó OKDIARIO y le promete hacer más negocio con ellos. Paralelamente, lanza un comunicado sin precedentes para certificar que el presidente, Francisco Reynés, no va a perder poder en ningún caso (entonces, ¿qué sentido tiene nombrar un CEO?).

Lógicamente, con este panorama, Citi hace una contraoferta a Gutiérrez Orrantia para que se quede y éste da marcha atrás antes de meterse en semejante avispero y sin tener claro qué poderes va a ejercer, si es que va a tener alguno. Los fondos se quedan con un palmo de narices y la cuestión del consejero delegado queda aplazada sine die. Y eso sí, a todo el mundo le queda cristalino quién manda y va a seguir mandando.

Unicaja: manda mi amigo

Lo de Unicaja Banco es parecido, con la diferencia de que la guerra ya ha terminado con la victoria del bando malagueño sobre el asturiano, la defensetración del CEO proveniente de Liberbank, Manuel menéndez, y la voladura de los acuerdos de fusión entre las dos entidades de finales de 2020.

La gran similitud es que el bando dominante también quiere dejar claro aquí quién manda y que nadie le va a cuestionar. Por eso, el presidente, Manuel Azuaga, se ha empeñado en nombrar consejero delegado con todo el poder a su número dos, Isidro Rubiales (apunten ese nombre, háganme caso) y así poder abandonar sus actuales poderes ejecutivos dejando todo atado y bien atado. Y ya puestos, seguirá en la presidencia no ejecutiva dos años más, que no tiene nada mejor que hacer.

Aquí, aparte de chocar con el buen gobierno, esta decisión choca con las exigencias del BCE del Banco de España a la fusión, que precisamente querían que Azuaga dejara el mando en 2023 para evitar la politización de la entidad: poner a tu segundo no es precisamente una garantía de independencia. Es más, choca con el famoso MOU (¿se acuerdan del MOU?), el memorándum de entendimiento que España tuvo que firmar con las autoridades europeas (¿se acuerdan de la troika?) a cambio del rescate financiero y que imponía como primera y principal obligación la despolitización de las antiguas cajas de ahorros.

El BCE traga

¿Y por qué aceptan eso los supervisores? Pues porque están hartos de los quebraderos de cabeza que les ha dado Unicaja, que han tenido su repercusión en las cuentas y en la cotización en Bolsa. Y encima, en un entorno en el que no se pueden descartar nuevas crisis de liquidez en la banca como las de esta primavera. Así que, con tal de que la situación se normalice y la guerra quede atrás, tragan con cualquier cosa. Tampoco es nada nuevo: en la banca española tenemos otros ejemplos de presidentes todopoderosos, entidades politizadas y consejeros delegados sin mando en plaza, sin que el BCE ponga pegas.

La conclusión es que el control de las compañías sigue por encima de cualquier consideración y que todo vale para alcanzarlo o mantenerlo. Y que el buen gobierno, por mucho que se les llene la boca a nuestras autoridades y a nuestros empresarios, sigue siendo una quimera.