Montero quiere aprovechar el ‘caos europeo’ y colocar un presupuesto expansivo contra las reglas fiscales
La ministra Montero está dispuesta a desafiar las reglas fiscales de la UE
La UE cierra el pacto de las reglas fiscales que obligará a los países a bajar déficit y deuda desde 2025
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere aprovechar el actual ‘caos y desorientación política’ en Europa -donde se celebran comicios en algunas regiones de Alemania y elecciones al Parlamento Europeo en junio- para colocar un presupuesto expansivo en 2024 que desafía las reglas fiscales recientemente aprobadas y que ya han entrado en vigor. Naturalmente, las nuevas cuentas públicas que está diseñando el Departamento de Montero darán por hecho el compromiso de nuestro país con dichas reglas fiscales, que obligan a reducir el déficit público al 3% del PIB este año, pero las previsiones que se manejan de ingresos y gastos van en la dirección contraria al cumplimiento de las exigencias de Bruselas.
En concreto, el techo de gasto para 2024 asciende a 199.120 millones, una vez incluidos los fondos de nueva generación que se esperan recibir -casi 10.000 millones-, lo que representa un 0,5% de aumento. Pero esta cifra se dispararía hasta un incremento del 9,3% sin tener en cuenta las partidas europeas, lo que representa un récord absoluto en la trayectoria presupuestaria del país y, en la práctica, harán de imposible satisfacción las limitaciones reinstauradas por la Unión Europea, según los economistas consultados por OKDIARIO.
El pretexto teórico que maneja la ministra para su nuevo presupuesto expansivo es que «la economía española se va a ver afectada durante los próximos meses por la desaceleración rampante que afecta a Europa» y que, en tales condiciones, conviene sostener los actuales niveles de protección social, que se verán aumentados por la generación de nuevos derechos como los que se manejan en el programa de Gobierno para la próxima legislatura y que implican todos ellos un aumento del gasto. Adicionalmente, el punto de partida para la elaboración de las cuentas públicas es un crecimiento del PIB del 2% este año, una cifra muy alejada del consenso de los analistas, situado en un aumento de la actividad en torno al 1,5%.
Montero está convencida de poder pasar con holgura el presupuesto porque «Europa, hasta bien entrado el segundo semestre del año, va a estar muy entretenida en otras cosas», apuntan fuentes internas del Ministerio. Las elecciones europeas de junio serán claves para la renovación de las instituciones comunitarias, y en particular de la Comisión Europea, que tardará meses en ponerse al orden con las tareas pendientes.
Al mismo tiempo, los gobiernos de los dos socios principales de la Unión, Francia y Alemania, atraviesan por notables dificultades políticas. El presidente Macron acaba de nombrar a un nuevo primer ministro -el joven e inexperto Gabriel Attal- a fin de recobrar protagonismo público y recuperarse en unas encuestas que le son esquivas y dan como favorito al partido de Marine Le Pen en unos próximos comicios. Por otra parte, el Ejecutivo del canciller alemán Scholz está en mínimos de popularidad y debilitado por las desavenencias internas, además de acosado por la pujanza de la ultraderecha en varios länder.
Toda esta situación, pésima desde un punto de vista objetivo para la estabilidad del Continente en un momento de zozobra geopolítica -la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza o las próximas elecciones en Estados Unidos- es el mejor caldo de cultivo, sin embargo, para los pescadores en río revuelto, y éste es el caso del presidente español, Pedro Sánchez, aseguran los medios consultados. «Es un momento propicio para volver a dar una patada hacia adelante y poder colocar, por ejemplo, un presupuesto expansivo que sería totalmente inapropiado», aseguran los economistas consultados.
Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de la consultora Equipo Económico y ex secretario de Estado de Hacienda, asegura que un techo de gasto de más de 190.000 millones representa un aumento del 60% desde los niveles alanzados en 2019, durante la pandemia». «Entonces, una suma ya tan abultada podía tener una justificación dada la situación extraordinaria provocada por el Covid y la caída dramática de la actividad económica, pero hay que evitar en todo lo posible convertir lo anormal en algo estructural», indica.
A su juicio, «el peso del sector público en la economía es cada vez mayor y más asfixiante; ahora tocaría reducir el déficit y el endeudamiento público, es decir, conseguir superávit primario -exceptuando los pagos por los intereses de la deuda-«. «Y tiene aún menos sentido dar un poco más de manga ancha a las autonomías después del aluvión de transferencias corrientes y extraordinarias que han recibido en los últimos años».
Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, considera prácticamente imposible reducir ya este año el déficit público del 3,8% al 3% del PIB. También cree que con un desfase tan abultado entre los ingresos y los gastos, y dado que el Banco Central Europeo ha dejado ya de comprar deuda pública de los Estados miembros -que ha sido una tabla de salvación para España en particular-, la ministra Montero «va a aprovechar el año electoral en Europa para colar el presupuesto que quiera, y después prorrogarlo en 2025 y dejarse de problemas, ante la falta de controles internos que va a haber».
Ajeno a tales preocupaciones, el Consejo de Ministros del pasado martes aprobó de nuevo la senda fiscal para el presupuesto de este año, que es una copia literal de la que el Partido Popular ya ha rechazado en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Pero el Gobierno dice tener a su disposición un informe de la Abogacía del Estado -que no se ha hecho público- en el que se habilita al Gobierno a elaborar unos presupuestos del Estado a pesar de aquel veto.
La senda de estabilidad contemplada por el Gobierno prevé reducir el déficit público al 3% del PIB este año, «cumpliendo con las reglas fiscales europeas», para después bajar al 2,7% del PIB en 2025 y al 2,5% en 2026. La deuda pública, por su parte, descendería hasta el 106,3% del PIB en 2024, para caer al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Todas estas cifras encierran, sin embargo, una gran y enorme virtud: ningún economista del país confía en que vayan a cumplirse.