Macri persigue el ‘juego sucio’ de Cirsa en Argentina

El Gobierno argentino ha modificado el canon que paga el grupo a cargo de la concesión del casino de Puerto Madero (Argentina) que, entre otras consecuencias duplicará el pago que Cirsa, compañía española de juego y ocio, tendrá que abonar al Gobierno de Macri como canon. El decreto supone un nuevo varapalo para la multinacional, que ha sido investigada por un caso de facturas falsas y delito fiscal.

La firma de juegos propiedad del empresario catalán Manuel Lao tiene ya muchos problemas en Argentina, donde sus dos casinos llegaron a ser registrados en 2016 por la policía, según señalaron medios locales. Además, el principal socio de Lao, Cristóbal López, es vigilado de cerca por las autoridades argentinas por existir indicios de fraude.

Otro de los socios en Argentina es referencia es Federico Achaval, propietario de Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa), una empresa ligada a la sociedad Val de Loire LLC, con sede en Nevada y que salió a la luz en ala investigación de los Papeles de Panamá.

Ahora, tras la decisión del Gobierno de Macri, Cirsa pasará de dar 560 millones de dólares (unos 525 millones de euros), a casi 1.000 millones de dólares anuales (940 millones de euros) a partir de 2018. Desde 1999, Cirsa opera las dos salas flotantes, y la concesión vence en 2019. Ahora, tras la decisión del Gobierno argentino de castigar a la española, la empresa analiza acciones judicialmente contra el Estado.

El decreto argentino 95/2017 de Lotería Nacional firmado por el presidente Mauricio Macri, ha elevado de 20% a 30% los fondos que recibe el Estado por parte del concesionario por la explotación de las salas de juego. Con esto, se modifica lo establecido en otro decreto, el 600/99, que rige el acuerdo de concesión con Cirsa.

Según el nuevo decreto, «un análisis pormenorizado de la realidad de los juegos de azar en la Argentina demuestra que la distribución del beneficio líquido plasmada en el Decreto 600/99, no se corresponde con la situación imperante en otras jurisdicciones o explotaciones».

Para justificar la modificación, el propio decreto subraya que otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, tiene un beneficio por lo que recaudan los casinos llega al 34%. La española cree que con este cambio, sin embargo, se rompe un contrato firmado hace 18 años y que aún tiene tres años más de vigencia. La empresa Casino Buenos Aires, a cargo la explotación de los juegos de azar en los barcos de Puerto Madero, está compuesta por el grupo español Cirsa, con 50% del capital; la citada empresa Hapsa, con el 25%, e Inverclub, con otro 25%.

Según medios argentinos, la aplicación del decreto podría llevar a Cirsa a denunciar la situación en la justicia argentina y también en ámbitos internacionales, teniendo en cuenta la nacionalidad española del grupo operador. Llama la atención, además, que el cambio se produjera justo cuando Macri preparaba un viaje a España en busca de inversiones.