La Ley de Vivienda reducirá la oferta de alquiler en España y agrandará la brecha con respecto a Europa

La Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros, pone en peligro la buena marcha del mercado del alquiler español de los últimos años. Desde el sector aseguran que provocará la reducción de la oferta y, por ende, la subida de los precios de las viviendas en régimen de arrendamiento. Asimismo, se espera que la inversión se desplome.

Actualmente, en España el 23,9% del total del parque de viviendas está destinado al mercado del alquiler; mientras que la media europea se sitúa en el 35%, es decir, más de 11 puntos por encima. Ahora, la nueva normativa confeccionada por el Gobierno de coalición puede provocar un retroceso de más de cinco puntos en la oferta de alquiler en España, dilatando aún más la brecha ya existente, según Arrenta, correduría de seguros inmobiliarios.

Desde la firma explican que la oferta del mercado español del alquiler puede reducirse más de un 10%, debido al control de los precios. Además, Arrenta vaticina que se producirá un desvío de viviendas en alquiler al mercado de venta.

En esta misma línea, la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (Asval) considera que “supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual”.

Estas medidas pueden causar «la falta de incentivos y el aumento de dificultades para inversores y propietarios dentro del sector inmobiliario», afirman desde Abencys. Dichas regulaciones amenazan, según los expertos, la libertad de empresa dentro del mercado, además de ser perjudiciales para la inversión tanto particular como profesional por aminorar la seguridad jurídica.

Destrucción del empleo

Carlos Grande, socio de Abencys, apunta que “si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección. Y si no hay inversión, no hay actividad económica y se incentiva el desempleo”.

Por su parte, el consejero delegado de la promotora Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, considera que en el corto plazo no habrá ningún impacto, puesto que los proyectos ya se están desarrollando, «pero en el medio plazo sí hay preocupación ya que creemos que habrá menos empleo y mayores restricciones a la oferta de vivienda».

El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha dejado “decepcionados e indignados” a los agentes de la propiedad inmobiliaria, según Gerard Duelo, presidente del Consejo General de COAPI de España, quien defiende que las medidas que reclaman no son únicamente para la profesión de los inmobiliarios, sino que “buscan una protección del ciudadano que ha quedado desprotegido con este anteproyecto de ley”.

Regulación de los precios

Una de las medidas que más polémica ha generado en el sector es la de controlar los precios en las zonas tensionadas. Sin embargo, se prevé que este intervencionismo tardará en llegar. Aunque que el Gobierno va a tramitar el anteproyecto de ley con carácter urgente, para enviarlo al Congreso como proyecto antes de que finalice el ejercicio 2021, el actual periodo de sesiones de la cámara termina en diciembre, por lo que la tramitación parlamentaria de la norma no comenzará hasta febrero de 2022, previsiblemente.

Así, se estima que la Ley de Vivienda entrará en vigor en la segunda mitad del próximo año, es decir, dentro de un año aproximadamente. Y desde que se apruebe la norma, el Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 18 meses para elaborar con las comunidades autónomas un índice de precios de referencia para aplicar luego las bajadas del precio del alquiler en las zonas tensionadas -aquellas donde más se han incrementado los precios del alquiler-.