Konecta mueve a 35 km a la plantilla que iba a despedir para hacer cursos online mientras negocia su ERTE

El pasado 11 de octubre, OKDIARIO publicó en primicia que la empresa de telecomunicaciones Konecta había puesto a los 146 empleados indefinidos que anteriormente trabajaban para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a realizar cursos cuando el organismo prescindió de sus servicios. Fuentes cercanas afirman que estos trabajadores se han visto obligados a trasladarse a 35 km para realizar esta formación, hasta Alcobendas. Sin embargo, la enseñanza «se puede realizar online», según las fuentes, por lo que el cambio de lugar no sería necesario.

«El día 5 de octubre, sobre las 11:00 horas, los empleados recibieron una carta que informaba de la suspensión de la subrogación y que tenían que incorporarse en su mismo horario en Alcobendas al día siguiente», indican las fuentes. Las fuentes reclaman que «muchos no pueden llevar a sus hijos al colegio ni ir a recogerlos porque están a más de 35 km ahora».

«La empresa ha movido a 56 personas a una formación sobre ventas de Openbank y les ha indicado que ese será su nuevo puesto», explican las fuentes. Sin embargo, los trabajadores no están seguros de confiar en la mercantil.

Los cursos de Konecta

Las fuentes defienden que «estas acciones suponen cambiar sustancialmente sus condiciones de trabajo ya que es de lunes a domingo, incluidos algunos festivos». Además, las personas consultadas por este medio inciden en que «la atención a un usuario de la TGSS no tiene nada que ver con vender depósitos bancarios». «Los empleados mantienen sus puestos pero, ¿a qué precio?», sentencian.

Álvaro Sanmartín, abogado laboralista del bufete Casa de Ley, explica a OKDIARIO el transfondo legal de estas acciones de Konecta: «Aquí tienes que hacer un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo colectivo, es decir, tienes que abrir un periodo de consultas y llamar a los representantes de los trabajadores».

«Aunque la ley habilite al empleador por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas, a hacer ese cambio – obligándoles, a pesar de que se pueda hacer teletrabajo, a desplazarse- la situación podría tener muchos problemas a nivel colectivo, porque podría haber personas con reducción de jornada, madres, padres o gente que quisiera conciliar su vida personal y profesional», afirma Sanmartín.

Los trabajadores podrían hacer uso de «otro artículo que que hay en el estatuto», el 34.8, «de la adaptación de la jornada de trabajo». Con ella, «simplemente diciendo que tienes una serie de condiciones personales -como que tienes que cuidar de una persona mayor, que tienes un hijo, o que eres madre o padre- ya tienes derecho a pedir a tu empleador que esa formación en vez de presencial sea online», sentencia el experto.

En definitiva, «el empleador podría ejecutar esa medida grupal, pero podría generar muchos conflictos y se la podrían impugnar». Es más, el desplazamiento a Alcobendas podría resultar en «una cascada de demandas», según el abogado.

La historia del ERTE de Konecta

Los trabajadores afectados por el ERTE estuvieron 10 años ofreciendo sus servicios a la TGSS. La plantilla de Konecta sirvió como contact center al organismo.

La institución dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá decidió internalizar la asistencia telefónica y prescindir de la empresa desde el pasado 6 de octubre. Tras ello, Konecta interpretó que la TGSS era la responsable de esos trabajadores, según las fuentes consultadas por este medio.

La compañía, «amparándose en el artículo 20 del convenio colectivo», sostuvo que la Tesorería debía haberse hecho cargo de esos trabajadores al haber asumido el servicio que ellos prestaban hasta ese momento a través de una contrata. Es decir, que la TGSS se debería haber subrogado como empleador.

Los empleados insisten en que la mercantil pretendió que 197 personas se encontraran «sin trabajo, sin indemnización y sin posibilidad de solicitar la prestación por desempleo». Para evitarlo, los sindicatos se manifestaron delante del Ministerio.

La movilización contó con un apoyo del 84%, según los convocantes. La presión provocó que Konecta asumiera los reclamos de los afectados y comenzó a negociar un ERTE para los indefinidos. Los 51 trabajadores con un contrato fijo-discontinuo fueron suspendidos.

Konecta puso a los damnificados a realizar cursos en Alcobendas mientras negocia el ERTE. Los sindicatos exigieron que la empresa realice un complemento salarial durante la suspensión de los afectados del 30%.

Es decir, los trabajadores buscan que el cobro del subsidio durante la suspensión del contrato provocada por el ERTE se componga un 70% de la aportación del Servicio Púbico de Empleo Estatal (SEPE) y un 30% de un pago de la compañía, tal y como publicó en primicia OKDIARIO.