El juez que asignó Blanco a Muñoz-Perea tenía de becario al hijo del administrador concursal

El magistrado Juan Ramón Brigidano Martínez, el titular del Juzgado de lo Mercantil de Toledo que designó como administrador concursal de la compañía textil Blanco a Antonio Muñoz-Perea, ha tenido durante varios meses a su hijo, Ildefonso María Muñoz-Perea Piñar, como juez en prácticas ejerciendo como su tutor. Global Leiva (Blanco) presentó el concurso de acreedores en noviembre de 2016 en Seseña (Toledo), a pesar de tener su centro de intereses y domicilio social ubicado en la Comunidad de Madrid.

El joven Ildefonso Muñoz-Perea Piñar, perteneciente a la 67ª Promoción de la Escuela Judicial, ha estado bajo la tutela del juez Brigidano Martínez, al menos hasta la semana pasada, tras haber estado varios meses de prácticas en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo que lidera el caso de Blanco, según ha podido confirmar OKDIARIO.

Un hecho que carecería de interés, si no fuera porque el magistrado, coordinador en prácticas de los alumnos de la Escuela Judicial, fue el que asignó el concurso de acreedores de Blanco al Bufete Muñoz-Perea y, además, ha sido el tutor en prácticas en los últimos meses del hijo del fundador de dicho despacho, Antonio Muñoz-Perea.

De hecho, el pasado 6 de marzo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, Vicente Rouco Varela, recibió en la sede del Tribunal, a los cuatro jueces en prácticas de la 67ª promoción, entre ellos Muñoz-Perea Piñar, que realizan un periodo formativo en órganos judiciales de la comunidad castellano-manchega. En dicha cita les acompañaba el magistrado Brigidano Martínez, que ejerce «como coordinador de prácticas de estos alumnos de la Escuela Judicial y como tutor de uno de ellos», según la nota de prensa del CGPJ.

En noviembre de 2016, Global Leiva presentó el concurso de acreedores en la localidad de Seseña (Toledo), a pesar de que su centro de intereses está en Madrid. El juez Brigidano Martínez, único juez de lo Mercantil en Toledo, asignó el concurso de Blanco a Antonio Muñoz-Perea. Eso sí, según ha podido saber OKDIARIO, hubo al menos un despacho más especializado en derecho concursal y con presencia internacional interesado en adjudicarse el concurso de la textil.

El artículo 10 de la Ley Concursal 22/2003 establece que por centro de intereses se entenderá el lugar donde el “deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social”. Las oficinas centrales y sede social de Blanco están ubicadas en la Calle Carabaña nº 25, polígono industrial el Ventorro del Cano, en Alcorcón.

Según reza la querella presentada por la Plataforma de Afectados de Blanco a la que ha tenido acceso este periódico, la sociedad textil se “saltó a la torera la legislación concursal” y presentó el concurso “nada menos que en la provincia de Toledo”. Alegan, además, que “la única vinculación que Blanco tiene con esta localidad es simplemente una nave de logística con 4 trabajadores, los cuales han sido despedidos”.

Por su parte, el concursado ha argumentado que “…su centro de intereses se ha de encontrar donde se encuentre la mercancía que ha de vender como objeto principal. Todas las decisiones de administración y gestión de la compañía se adoptan en base a esta mercancía o stock que desde Seseña, se distribuye a tiendas de toda España…”. Sin embargo, tal como muestra este gráfico al que ha tenido acceso OKDIARIO, la mayor parte de la mercancía con destino a las tiendas salía de Parla, concretamente un 93,69%. 

En la misma demanda, los abogados explican que desconocen los motivos que han llevado a Abdulaziz Alhokair & Co a presentar el concurso de Global Leiva en Toledo, aunque sí que afirman que, según se les comunicó al Comité de Empresa, el concurso se presentó en la ‘ciudad imperial’ para “ahorrar tiempo”.

Explicación que, a tenor de lo mostrado en el mismo documento, no convenció a los letrados de los empleados de Blanco. “Dada la rapidez del Juzgado de Toledo a la hora de proveer el escrito de presentación”, explica la querella, “mucho nos tememos que puedan existir otros intereses que van más allá de la supuesta rapidez de un juzgado, que se ha demostrado muy poco eficaz en la llevanza de otros procedimientos concursales”.

De hecho, el magistrado Brigidano Martínez, ha denunciado en varias ocasiones sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Mercantil de Toledo. “El ciudadano no recibe de la justicia la respuesta que merece”, denunciaba el juez tras conocerse una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que concluía que este juzgado toledano soportaba más del 500% de carga de trabajo.

Los trabajadores de Blanco también han denunciado que tanto el magistrado Brigidano Martínez como el administrador concursal, Muñoz-Perea, han trabajado ya de manera conjunta en varios concursos de acreedores. Uno de ellos, según las mismas fuentes, el de la Autopista Madrid-Toledo, también coincidieron con el abogado de la empresa Global Leiva (Blanco), Santiago Hurtado, socio de Deloitte Legal.

Con tal escenario, algunos de los abogados de diversos empleados de Blanco “han puesto en duda la competencia del juez para llevar a cabo el proceso ya que el centro de intereses de Blanco está en Madrid”. Por ello, han interpuesto un recurso de reposición contra el Auto del 8 de marzo con el que vuelven a reclamar que la tramitación del concurso de acreedores de la firma de moda se lleve a cabo en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid que es donde está el centro de intereses.

En 2012 comienzan los números rojos

Las cifras de la compañía Blanco han sido tozudas desde el año 2012, primer periodo en el que comenzaron los números rojos. Una situación que desembocó en el primer concurso de acreedores de la textil en 2013. Solo un año más tarde, en 2014 Blanco acabó en las manos del grupo saudí Alhokair por 40 millones de euros.

La llegada de los sauditas parecía el salvavidas perfecto para Blanco, aunque pronto comenzó a agrietarse. En 2015 las pérdidas fueron de 21 millones de euros, un 192% más que un año antes, según Modaes. Finalmente, Blanco fue traspasada al fondo AC Modus por 83 millones de euros, el doble de la inversión inicial, aunque según la escritura de venta a la que ha tenido acceso este periódico consta que la operación real fue de 1,19 millones de euros.

El concurso de acreedores se declaró en noviembre de 2016 alegando “insolvencia”, rápidamente se decidió ir a liquidación y cerrar todos los puntos de venta el pasado 7 de febrero. Expertos en ley concursal consultados por este periódico, explican que un concurso como el Blanco tardaría en resolverse alrededor de tres años, pero Global Leiva se ha liquidado en tan solo 4 meses. Además, añaden, que tanta premura en la resolución de este concurso no es lo normal, sobre todo teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo de los Juzgados de Toledo, tal como indica la inspección del CGPJ.

Blanco, en sus tiempos dorados, llegó a tener hasta 2.000 empleados y alrededor de 250 tiendas por toda España. Fue calificada como una de las textiles punteras del sector antes de la llegada del gigante Inditex y de la catalana Mango.