El ingreso mínimo sólo ha llegado a 210.000 personas y no a 850.000 como prometió Iglesias

El ingreso mínimo vital (IMV), medida estrella dentro del llamado escudo social prometido por el Gobierno, ha llegado sólo a algo más de 210.000 personas y no a las 850.000 como prometió el Ejecutivo cuando puso en marcha esta medida, en junio de 2020. Nueve meses después, la medida impulsada por el todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no está teniendo el recorrido prometido por el Gobierno y sólo se han beneficiado de estas ayudas el 25% de los hogares prometidos.

El Gobierno cuenta que está dando esta prestación a 565.000 personas debido a que por cada expediente añade las personas que viven en el hogar. Teniendo en cuenta esta medición, el número de personas a las que iba a llegar esta ayuda era de 2,3 millones, un 25% del total. Una de cada cuatro.

Según los datos que ha facilitado este jueves en una comparecencia en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno ha recibido 1,2 millones de solicitudes de esta ayuda y hasta el momento han tramitado 873.000 expedientes. De éstos, 600.000 se han rechazado en su mayoría por tener una renta superior a la establecida en el decreto de las ayudas. Por lo tanto, hay más de 300.000 hogares que, nueve meses después, todavía no tienen noticias de esta ayuda.

El fiasco en la tramitación de esta prestación no es nuevo y su funcionamiento se ha puesto en duda desde el principio por la lentitud en la tramitación de unas ayudas que urgen a sus solicitantes. El ministro Escrivá se defendió antes del verano sobre este punto argumentando que tenían que cruzar muchos datos con la Agencia Tributaria y con los ayuntamientos para que no hubiera fraudes. Señaló entonces que el balance de esta medida había que hacerlo a partir de septiembre de 2020.

A finales de noviembre, y según también datos del Ministerio de Seguridad Social, el ingreso mínimo vital llegaba a 150.000 personas -hogares, según el Gobierno-. Por lo tanto, en tres meses, diciembre, enero y febrero, se han añadido 60.000 personas más, a un ritmo de unas 20.000 personas al mes. A este ritmo, a finales de 2021 se llegará a las 400.000 personas, la mitad de las previstas por el Gobierno en mayo de 2020. A este ritmo, no se alcanzaría el objetivo de Iglesias hasta dentro de dos años.

Coste de la medida

Otra de las polémicas de esta medida es el coste que va a tener para las arcas públicas. En principio, el Gobierno cifró en 3.000 millones de euros el gasto que tendría que afrontar por poner en marcha esta prestación, algo que fue puesto en duda por Vox por escaso.

La cuestión es que el ministro Escrivá no ha hecho público el gasto en el ingreso mínimo desde hace meses. Aunque al principio sí dio datos, ahora no los ofrece, tampoco este jueves en su comparecencia en el Congreso. Según los datos que facilitó hace meses, el gasto ascendería a 4.400 millones de euros, casi un 50% más de lo estimado. Escrivá se ha limitado a señalar este jueves que el gasto total que están teniendo las distintas medidas en protección de empleo -ERTE, ayudas a autónomos e incapacidad temporal- rondará los 40.000 millones de euros acumulados en el mes de mayo.