El Gobierno prepara una sanción millonaria que dejará a muchos sin posibilidad de alquilar sus pisos

España está viviendo un momento decisivo en la regulación del mercado de los alquileres turísticos. Lo que durante más de una década fue un negocio en auge, hoy se ha convertido en el epicentro de un debate nacional sobre el derecho a la vivienda y la masificación turística. Este fenómeno no es exclusivo de España, sino que otras ciudades alrededor del mundo, como Nueva York, París o Ámsterdam se enfrentan a una situación similar.

La nueva estrategia del Gobierno incluye la aplicación de un IVA del 21% a los alquileres turísticos y la imposición de sanciones económicas de hasta 600.000 euros para las plataformas que publiquen anuncios ilegales. En paralelo, el Ministerio de Consumo ha dado un golpe directo a Airbnb al advertirle de una posible multa histórica de 110 millones de euros por incumplir los requisitos legales de los alquileres vacacionales en España.

El Gobierno endurece la normativa de los alquileres turísticos

«Aquellas viviendas destinadas al alquiler turístico sí estarán sujetas a regulación específica de las comunidades autónomas o ayuntamientos. Los arrendadores deberán solicitar los trámites necesarios de comercialización ante las comunidades autónomas o ayuntamientos, que son los órganos competentes para regular y supervisar este mercado», establece el Ministerio de Vivienda.

Cuando Airbnb desembarcó en España, lo hizo con una propuesta muy atractiva: permitir a los propietarios alquilar habitaciones o viviendas enteras a viajeros. El éxito fue rotundo, y la plataforma rápidamente conquistó a millones de turistas. Sin embargo, este fenómeno ha dado lugar a una serie de problemas que pocos anticipaban.

Viviendas que anteriormente estaban disponibles para el alquiler residencial pasaron a destinarse al turismo, provocando una drástica reducción de la oferta para los residentes y un aumento alarmante en los precios. Asimismo, el comercio local también se ha visto afectado. Las tiendas de barrio han cedido su lugar a negocios enfocados en turistas, como locales de ocio nocturno o cadenas de restauración rápida.

IVA del 21% para los alquileres turísticos

Uno de los principales pilares de la nueva nueva normativa es la imposición de un IVA del 21% a las estancias de corta duración, colocándose al mismo nivel que los hoteles y otros alojamientos regulados. En palabras de un portavoz del Ministerio de Vivienda: «la vivienda no es un negocio, es un derecho. No podemos permitir que la especulación turística expulse a los residentes de sus propios barrios».

Multas millonarias a plataformas y propietarios

Más allá de la aplicación del IVA, el Gobierno ha decidido fijar un régimen sancionador mucho más estricto. En el caso de las grandes plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros si permiten la publicación de anuncios que no cuenten con las licencias pertinentes o que incluyan información falsa o engañosa.

Para ello, las plataformas deberán reforzar sus sistemas de verificación, asegurarse de que cada vivienda publicada cuenta con la licencia correspondiente y colaborar con las autoridades competentes. La normativa también pone el foco en los particulares: aquellos propietarios que decidan alquilar sus inmuebles sin registrarlos legalmente o sin cumplir las exigencias establecidas, pueden recibir multas de hasta 30.000 euros.

El Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre establece: «todo alojamiento turístico o de temporada que desee publicitarse en las plataformas en línea de alquiler debe disponer de un Número de Registro de Alquiler de Corta Duración, obtenido en el Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble, visible en todos los anuncios».

Ventanilla Única Digital

«El Gobierno de España avanza en la regulación de los alquileres turísticos mediante la implantación del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, y la puesta en marcha del Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Este sistema permitirá la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de corta duración, con el objetivo de mejorar la transparencia, la sostenibilidad y el acceso a la vivienda».

«Este registro garantiza su identificación y facilita la supervisión por parte de las administraciones locales y nacionales», aseguran desde el Ministerio de Vivienda. Asimismo, la Ventanilla Única Digital centralizará los trámites relacionados con el registro y la consulta de datos.

Además, las plataformas digitales tendrán la obligación de compartir periódicamente los datos relativos a los alojamientos con la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El Gobierno enfatiza que «el objetivo principal de estas iniciativas es equilibrar el desarrollo del mercado turístico con la necesidad de proteger el derecho constitucional de acceso a la vivienda».

Finalmente, cabe señalar que Barcelona es el mejor ejemplo de la transformación que está viviendo el mercado del alquiler en España. El Ayuntamiento ha anunciado que, a partir del año 2028, estarán prohibidos los alquileres de corta duración en toda la ciudad. Otras ciudades como Málaga, Mallorca o Valencia podrían seguir el mismo camino.