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El Gobierno prepara una nueva enmienda a su ley laboral: rectificará los ERTE de fuerza mayor

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El Gobierno prepara una nueva enmienda a su ley laboral: rectificará los ERTE de fuerza mayor
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La patronal Cepyme ha pedido al Gobierno una flexibilización de los ERTE porque las empresas de menos de 250 trabajadores, especialmente las más pequeñas, que son las que más trabajadores emplean en España, avisan que no podrán reincorporar a toda la plantilla cuando se levante el estado de alarma. Según ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno está dispuesto a impulsar este cambio legislativo, lo que significará la enésima modificación de la legislación laboral desde que comenzó el confinamiento el 14 de marzo.

Los ERTE que se verían afectados por esta nueva enmienda que planea el Ejecutivo serán los de «fuerza mayor», que son aquellas que se vieron obligadas a echar el cerrojo por obligación tras la declaración del estado de alarma por parte de Pedro Sánchez.

En estos ERTE no se paga cotización social hasta que se reanude la actividad, pero los trabajadores teóricamente tendrían que volver al trabajo y las empresas volver a pagar con normalidad justo cuando decaiga el estado de alarma. Por ahora, se prevé para el 26 de abril.

Por otro lado, el Gobierno estableció otro formato de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Son los de siempre, aunque se agilizaban los plazos por la crisis del coronavirus. En realidad, muchas comunidades están teniendo muchas dificultades para dar el visto bueno a estos expedientes y en la práctica se están retrasando. Se avecina una oleada de demandas en los tribunales cuando se recupere la normalidad. En estos ERTE las empresas tienen que acreditar, por ejemplo, la caída de los ingresos por la crisis del coronavirus y también se ven obligadas a mantener la plantilla durante seis meses cuando vuelvan a la actividad.

Las pymes denuncian que en este último tipo de ERTE no están bonificadas las cotizaciones y que la paralización de muchos sectores de actividad, como la industria y construcción, se ha hecho obligando a dar «vacaciones pagadas» en las últimas dos semanas, por lo que muchas de estas empresas han tenido que seguir pagando las cuotas sociales a pesar de que, en la práctica, también han visto paralizada su producción o sus ventas.

Por el momento, el Gobierno sólo se plantea extender los plazos de los ERTE de fuerza mayor, porque el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz los condicionó sólo al estado de alarma y las empresas se están quejando de que el día después de su levantamiento será imposible volver a pagar las cotizaciones con normalidad, los sueldos y los impuestos.

En esto último llama la atención que España es de los pocos países de Europa -el único de los grandes- que se ha negado a aprobar un aplazamiento de los pagos de las principales figuras tributarias hasta que vuelva la normalidad al país y a la economía tras la histórica crisis del coronavirus.

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