El Gobierno corrige en menos 72 horas su propio plan económico para no paralizar el cobro de impuestos

El Gobierno ha corregido el decreto de estado de alarma que aprobó el pasado sábado. En sólo 72 horas. Si entonces anunciaba la suspensión de los plazos administrativos, ahora ha detallado que esta iniciativa no afectará a los procedimientos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social, ni a los plazos tributarios sujetos a normativa especial, ni en particular a los establecidos para la presentación de declaraciones, como la de la renta, y de autoliquidaciones tributarias.

Es decir, que el Gobierno quiere garantizarse tener dinero en las arcas públicas. Este miércoles OKDIARIO avanzaba que el Gobierno no quiere hacer público el dato que espera de desplome de la recaudación de impuestos fruto de la caída económica: 34.000 millones de euros.

En el decreto de estado de alarma se fijaba, en la disposición adicional tercera, la suspensión e interrupción de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público y se indicaba que el cómputo de los plazos se reanudaría en el momento en que perdiera vigencia el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Sin embargo, el Gobierno, para que no pueda interpretarse que esta suspensión afecta a los plazos tributarios y al ingreso de cotizaciones sociales, en el decreto que entraba en vigor este miércoles ha añadido dos apartados a dicha disposición para que la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y las altas, liquidaciones y cotizaciones de la Seguridad Social no se vean afectadas por la suspensión de plazos administrativos.

Asimismo, el Gobierno establece en este decreto de modificación que las entidades del sector público podrán acordar «motivadamente» la continuación de aquellos procedimientos administrativos referidos a situaciones «estrechamente vinculadas» a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

El Gobierno ha cifrado en cerca 5.000 millones de euros el gasto de las medidas adicionales aprobadas ayer para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, como consecuencia del mayor gasto público derivado de medidas como las de acompañamiento de los ERTEs, y de una merma de la recaudación.

Aunque el presidente habla de 200.000 millones, lo cierto es que la mayoría de estos fondos serán avales o estarán aportados por las entidades financieras porque un Gobierno como el español no tiene capacidad para movilizar 200.000 millones de gasto público en un sólo decreto. Sólo hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado tienen un limite de gasto de entorno a 130.000 millones -131.437 millones de euros es el aprobado para 2021-.

La recesión que previsiblemente generará el coronavirus provocará una caída de los ingresos de las administraciones públicas muy llamativa. Aunque por ahora el Ministerio de Hacienda no está en condiciones de calibrarla, y tampoco de estimar el impacto en materia de déficit, sin duda el golpe para las arcas públicas será muy llamativo. Por ahora, las estimaciones oficiales ponen sobre la mesa un impacto en las arcas de 34.000 millones, como ha avanzado OKDIARIO.