Masiva participación de jueces y fiscales en la histórica huelga contra la reforma de Bolaños

Jueces y fiscales de toda España han participado este martes de forma masiva en su primera jornada de huelga contra las reformas legales que pretende urdir el Gobierno para garantizarse más jueces y fiscales afines y tener «una Justicia servil» con la política. Los primeros datos de participación así lo revelan: el 75% de los jueces y fiscales han secundado la huelga durante esta jornada, hasta las 13.00 horas.

Así lo han informado los portavoces de las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga, en una rueda de prensa conjunta en Madrid, en el Centro Riojano. La califican de «éxito rotundo».

Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales -a excepción de las dos progresistas- protestan contra el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aprobados por el Consejo de Ministro el pasado 13 de mayo, de los que exigen su retirada, por suponer «un ataque al Estado de Derecho».

«Estamos muy satisfechos con el resultado de la huelga. Nos hubiera encantado no tener que hacerla, pero por parte del Ministerio de Justicia no ha habido ni un sólo movimiento», declara a OKDIARIO María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial.

Destaca que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, «se empecina con un cambio legislativo que carece de justificación y que va a erosionar el Estado de Derecho porque viene a cercenar la independencia judicial con ese proceso de estabilización que, contrariamente a lo que se dice, no es lo que nos está pidiendo Europa».

También desmiente lo publicado este lunes por El País de la carta que se ha recibido de la Comisión Europea respecto a los jueces. «No es cierto que sea eso lo que dice la carta con respecto a los jueces, que no somos funcionarios públicos», apunta, indicando que en España, «ni con los jueces ni fiscales sustitutos se da la situación de interinidad a la que se refiere la Comisión Europea».

Jueces y fiscales denuncian que estamos ante una reforma legal que «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

Asimismo, alertan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende «meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, así crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

Y que poniendo a Europa «como excusa», Sánchez «quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello» y, en consecuencia, «en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

Respecto al anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico de la Fiscalía denuncian que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) advierten que lucharán contra estas reformas, conocidas como ley Bolaños, «hasta tumbarlas», según declara a OKDIARIO Fernando Portillo, presidente de FJI, conocido en redes sociales como Judge the Zipper.

En principio, la huelga está convocada hasta el próximo jueves, 3 de julio. «Los siguientes pasos serán acudir a Europa y prolongar la huelga», anuncia en este diario Portillo.

El pasado 11 de junio jueces y fiscales también protagonizaron un histórico paro frente a los juzgados y tribunales de toda España y el pasado sábado una concentración ante el Tribunal Supremo (TS). Visto el éxito de ambas movilizaciones, comienzan esta huelga de tres días contra estos proyectos del Gobierno que están tramitándose «con los que intenta politizar aún más la Justicia y la Fiscalía, introduciendo la política donde debería quedar fuera», como señala Portillo.

El presidente de FJI destaca que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende hacer esto «reformando el acceso a las carreras judicial y fiscal, haciéndolas mucho más sensibles a la intervención de criterios políticos y potenciando el control del fiscal general del Estado sobre los futuros fiscales instructores para garantizar así el control, a su vez, sobre las causas de corrupción».

«Estamos en contra de que estos proyectos prosperen porque pretenden  controlar a la Justicia, limitar su independencia para que sea una Justicia amable con el poder y dócil», declara a este diario Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), recalcando que la Justicia que propugnan los jueces y fiscales que secundan esta huelga es «una Justicia independiente, fuerte, imparcial, sin injerencias políticas» y que las reformas «deberían ir en una dirección absolutamente contraria a la que ha adoptado el Gobierno»

«Estamos en contra de una reforma que pretende dominar aún más la Fiscalía atribuyendo al fiscal general del Estado mayor poder del que ya tiene y limita los contrapesos internos sin suprimir su dependencia del Ministerio de Justicia», precisa la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales. Además, afirma que «si se atribuyera la investigación a los fiscales es exigencia ineludible que haya una extremada desvinculación del fiscal general del Estado del Gobierno que lo nombra». 

Sergio Oliva Parrilla, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, denuncia que la ley Bolaños «supone el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos 40 años» y «atenta contra el derecho ciudadano a una Justicia independiente e imparcial». 

Servicios mínimos

El Comité de huelga ha establecido unos servicios mínimos durante la huelga «para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía», y así se hagan compatible atender actuaciones urgentes con el ejercicio del derecho de huelga.

Jueces y fiscales lamentan «profundamente» los perjuicios ocasionados con la huelga a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, pero destacan que cuando pasen los años y todos miremos hacia atrás», no quieren reprocharse ni arrepentirse de no haber hecho lo suficiente», según declara Sergio Oliva.

El portavoz de AJFV también sostiene que la ley Bolaños «pretende el acceso arbitrario a la judicatura, privilegia a las personas que acceden por el cuarto turno para ocupar la cúpula judicial, restringe la participación democrática en las salas de Gobierno, y politiza la Comisión de Ética Judicial».

Asimismo, recalca que la ley Bolaños «aumenta las competencias -más, si cabe- del fiscal general del Estado sobre los fiscales, con los perjuicios y riesgos que eso conlleva para todos los procesos en los que son parte».

Además, señala que se inicia un proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos «contraviniendo los principios de mérito, capacidad e igualdad que exige nuestra Constitución bajo el falaz argumento de que lo exige Europa, así como dañando e hiriendo de muerte al cuerpo de opositores que día tras día, año tras año, sacrifican su vida personal y familiar por conseguir el sueño de ser juez o fiscal». 

«Todos queremos una Justicia moderna y europea, pero esta ley pretende precisamente lo contrario», subraya Sergio Oliva, advirtiendo que los jueces y fiscales lucharán porque «los derechos de la ciudadanía, en riesgo con esta ley, no se pierdan».

Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), afirma a este diario que este éxito de participación refleja que «para jueces y fiscales en España la actitud del Gobierno, absolutamente unilateral y sin dialogar con las asociaciones, no es de recibo», y se plantan porque el Poder Judicial «merece respeto y que haya sosiego para abordar las modificaciones que pretende».

Así, denuncian que el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, ha sido «tramitado injustificadamente por vía de urgencia» y  es un proyecto que «no responde a demanda social alguna». Además, las asociaciones de jueces y fiscales recuerdan que tanto la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial como del Estatuto Orgánico de la Fiscalía han recibido sendos informes muy críticos por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.