Jueces y fiscales sopesan ahora ir a la huelga contra las reformas del Gobierno

Las asociaciones judiciales y fiscales valoran una huelga contra las reformas del Gobierno, según han anunciado tras el «éxito masivo» del paro de este miércoles, secundado por «cerca del 70%» de los jueces y fiscales» en activo de España. Se enfrentan al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque quiere cambiar la ley para garantizarse más jueces y fiscales afines.

En concreto, combaten el sobre el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMP), aprobados por el Consejo de Ministro el pasado 13 de mayo, de los que exigen su retirada. «Suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal. Ponen en peligro el Estado de Derecho», alertan jueces y fiscales. Un peligro del que ya han avisado a Europa.

«El autócrata Sánchez va de golpe en golpe hasta la tiranía final», denunció Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en las jornadas jurídicas celebradas el pasado enero en Marbella, en las que se analizaron la «Ley Begoña» y los ataques de Pedro Sánchez a la Justicia, mostrando su solidaridad con los 5.500 jueces y 1.200 fiscales que ejercen en nuestro país, a quienes este Gobierno pone en la diana.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya habían anunciado esta mañana que para que no se consuma esta felonía no descartaban la adopción de «medidas de conflicto más intensas, como la huelga».

Ha sido a última hora de esta tarde cuando, en un comunicado conjunto, han anunciado la decisión de plantearla, porque «ante la persistencia de reformas que erosionan pilares esenciales del sistema judicial, es necesario mantener y, en su caso, intensificar la respuesta institucional».

El paro histórico de este miércoles, que ha comenzado a las 12:00 y ha durado 10 minutos, se ha llevado a cabo frente a sedes judiciales a lo largo y ancho del país. La movilización principal ha tenido lugar ante los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde han participado también guardias civiles y policías nacionales, como avanzó en exclusiva OKDIARIO, y ha contado con un apoyo ciudadano masivo. También se han protagonizado paros ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

En las distintas movilizaciones se ha dado lectura a un manifiesto en el que jueces y fiscales han subrayado que «estas reformas, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente».

«La independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas», recalcan.

Asimismo, APM, AJFV, FJI, AF y APIF han recordado que estas reformas se producen en un ambiente de «continuo ataque al Poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos». A jueces y fiscales les preocupa que la ciudadanía pierda el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta.

Las asociaciones convocantes han agradecido a los participantes en la protesta «su compromiso» y el «extraordinario respaldo». Destacan que esta amplia respuesta «confirma el profundo malestar existente» en las carreras judicial y fiscal ante unas reformas que se están tramitando «por vía de urgencia, sin diálogo y de forma unilateral».

Afirman que la lectura simultánea del manifiesto conjunto en múltiples puntos del territorio ha sido «un gesto institucional firme, unitario y visible, que ha resonado dentro y fuera del ámbito judicial». «Desde las grandes capitales hasta los partidos judiciales más pequeños, la respuesta ha evidenciado la determinación del colectivo y su compromiso con una Justicia independiente, de calidad y al servicio de los ciudadanos», indican.

Ya tienen comité de huelga

Por ello, tras este éxito, las asociaciones han acordado iniciar un proceso de consulta a sus bases para valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en ambas carreras. Si este respaldo mayoritario se confirma, convocarán la huelga, «como medida legítima, responsable y proporcionada frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal».

Ya han constituido formalmente el comité de huelga encargado de canalizar el proceso y coordinar las acciones necesarias. Lo integran Alejandro González Mariscal de Gante (APM), Óscar López Bermejo (AJFV), Esteban Basalo Moreno (FJI), Esther Moreno Amaya (AF) y Santiago Sánchez López (APIF).

AUGC y SUP, en defensa de la UCO

En la protesta han participado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), «acompañando a jueces y fiscales, para apoyar a la UCO». Se oponen de plano a que la Fiscalía asuma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, como pretende el Gobierno una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales. 

Las asociaciones de guardias civiles muestran su rechazo a que la UCO quede en manos de la Fiscalía porque el Gobierno, que «tiene abandonados a los guardias civiles, ahora quiere tenerlos sumisos», según denuncia la AUGC, asociación decana. «La policía judicial debe estar al servicio de la Justicia y no del poder político y sus aledaños», ha declarado a OKDIARIO el secretario general de la AUGC, Juan Fernández Hernández. 

«Vamos a acudir al GRECO, a la Comisión de Justicia y Seguridad, y al Parlamento Europeo en su conjunto,  donde nos reuniremos con los grupos parlamentarios», explica Fernández, que no descarta ninguna iniciativa jurídica «porque esto es un atropello». De consumarse, se está planteando «una gran concentración de protesta contra este Gobierno».

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que es la mayoritaria, nacida de la plataforma Jusapol, también tilda esta iniciativa del Gobierno de «atropello». Considera que si la UCO pasa a depender directamente de la Fiscalía, «la imparcialidad que tiene actualmente con un mandato judicial, la perderá y se vería muy perjudicada en las labores de investigación que hace».

Gritos de «¡Peinado, estamos a tu lado!»

En este paro histórico se han escuchado gritos en apoyo al magistrado que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno: «¡Juez Peinado, estamos a tu lado!». «¡Independencia judicial!» y «¡Los jueces no se tocan!» han sido otro de los cánticos de ciudadanos espontáneos que han arropado a jueces y fiscales en su protesta.

Combaten así los ataques que Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, está sufriendo desde el Gobierno simplemente por hacer su trabajo. Desde que comenzó a instruir la causa abierta contra la esposa de Sánchez por cuatro delitos es víctima de ataques verbales y también de acciones judiciales para intentar frenar la instrucción de esta causa. Tanto el presidente del Gobierno como su mujer presentaron querellas contra él que, sin embargo, fueron tumbadas por la Justicia.

También ha sufrido ataques del poder político la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, que actualmente se encarga del procedimiento penal abierto al hermano del presidente, David Sánchez.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también ha padecido ataques, especialmente el tribunal que juzgó el procés y el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, a quien le cubrieron con pintura amarilla el portal de su casa, le hicieron pintadas junto a su segunda residencia, tildándolo de «fascista» e instándole a abandonar el municipio, y fue increpado por un grupo de alrededor de 20 independentistas al salir de un restaurante con amigos.

Muchos jueces han estado en la diana por parte de miembros de este Ejecutivo, incluidos ministros. Éste es el caso de Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional, quien sufrió ataques en el ejercicio de su profesión a raíz de elevar exposición razonada al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.

Como relató en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, aquellos ataques eran «inquietantes» para él, consciente de que «se dirigían a miles de compañeros para que percibieran el peligro al que se enfrentarían».