Peinado inicia la batalla contra las difamaciones: demanda a Máximo Pradera por intromisión al honor

El juez Juan Carlos Peinado inicia la batalla contra las difamaciones que se han vertido sobre él durante este último año a raíz de acaparar el foco mediático por hacer su trabajo y dirigir la investigación sobre Begoña Gómez. La primera demanda va contra el tertuliano Máximo Pradera por sus ataques al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. El instructor considera que se ha lesionado su honor.

Fuentes judiciales confirman que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón ya está tramitando la demanda. Al no haber existido defectos de forma se ha admitido a trámite. Las mencionadas voces precisan que las diligencias se corresponden con el número 546/25.

El juez Juan Carlos Peinado lleva meses soportando ataques a raíz de asumir la investigación sobre la mujer del presidente. Se han cuestionado sus decisiones judiciales, se ha investigado a su entorno e incluso miembros del Gobierno han llegado a criticarle.

Máximo Pradera se ha sumado a esta campaña de desprestigio llegando a pedir que algún tribunal pusiera límites al juez Peinado. Le ha acusado de alimentar la máquina del fango, asumiendo el argumentario de Moncloa, que considera que la corrupción de la izquierda investigada en los tribunales a través de distintos jueces es una campaña del PP.

El tertuliano también ha utilizado sus redes sociales para atacar al juez Peinado. Se dirige a él de forma despectiva llamándole «Peinetas» y critica muchas de las resoluciones judiciales que acuerda en el caso Begoña Gómez. También se hizo eco de bulos contra él, como el difundido por El Plural, en el que se llegó a publicar que tenía dos DNI.

El juez Peinado ha decidido interponer contra él una demanda por intromisión al honor que busca proteger la buena reputación y la imagen pública de una persona ante expresiones o actos que la desacrediten injustamente. Se trata de un proceso legal que busca la reparación de los daños causados y la protección de este derecho fundamental recogido en la Constitución Española.

Difamaciones denunciadas

Para interponer tal querella, el juez Peinado ha contratado un despacho de abogados especializado en temas de honor. Misma estrategia también han seguido Alberto González Amador, novio de Ayuso, o el Rey emérito, Juan Carlos I.

En el caso de González Amador interpuso demandas de conciliación contra varios miembros del Gobierno que le llamaron delincuente pese a no haber sido juzgado. Por su parte, Juan Carlos I demandó a Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, también por difamaciones.

Pradera se querelló contra Peinado 

Máximo Pradera, pese a no formar parte del procedimiento, decidió querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado y el responsable de comunicación de los juzgados de Madrid. Lo hizo acusándoles de un presunto delito de revelación de secretos.

El tertuliano denunciaba que se hubiese dado a conocer a los medios de comunicación, a través el gabinete de prensa de los tribunales madrileños, la decisión del juez Peinado de investigar a Begoña Gómez, así como de declarar secreta la investigación. La apertura de la investigación se publicó en los medios de comunicación antes de que los servicios de prensa enviasen nada a los periodistas.

La Fiscalía de Madrid rechazó investigar al juez Peinado. El Ministerio Público pidió que no se admitiese a trámite, puesto que la querella de Pradera «no aportaba prueba alguna» contra el magistrado.

Siguiendo esta misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) también se opuso a estudiar la querella al considerar que no había indicios de que se haya cometido delito alguno por parte de Peinado.

La Sala concluyó que las resoluciones judiciales dictadas no vulneran el secreto de las actuaciones, sino que permitieron a la Fiscalía, la defensa y el resto de acusaciones tener conocimiento de las diligencias.

Los magistrados también fundamentaron su decisión en el derecho a la información. Para el tribunal, «comunicar, simplemente, que se sigue un proceso penal sin los citados datos dejaría vacío dicha naturaleza pública del proceso, especialmente cuando tensiona con el derecho a la información, constitucionalmente reconocido».

Tribunales superiores también han tumbado el resto de querellas que se interpusieron contra el juez Peinado. El propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa fueron contra él. Todas estas peticiones han sido desestimadas.