Calama pide a la UDEF que elabore un «exhaustivo» informe sobre los cambios en el accionariado de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que prepare un «exhaustivo» informe sobre los cambios en el accionariado en la empresa Plus Ultra para analizar su impacto en la asignación del rescate de la aerolínea. La petición del magistrado llega tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, y Calama ha pedido que se investigue especialmente a partir de 2017, año en el que entró capital de origen venezolano en la compañía.

Con este informe, Anticorrupción busca analizar el «eventual impacto» de la entrada de capital venezolano «en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública» en 2021. Calama ha pedido este informe a la UDEF «en los términos solicitados» por la fiscal del caso Plus Ultra, Elena Lorente.

La propia fiscal recordaba en su solicitud presentada ante el juez que la aerolínea se constituyó el 25 de agosto de 2011, con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores. Y añade que, posteriormente hubo «diversos cambios accionariales particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano», como ya indicaba la UDEF en un informe de 2025.

«El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis, resultando por ello de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial», señala la Fiscalía en su escrito al juez Calama.

La fiscal de Anticorrupción busca así «valorar la incidencia» que tuvo «el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española». Y reclama que la UDEF elabore un «exaustivo informe de análisis de la historia registral completa» de Plus Ultra, «desde su constitución hasta la fecha actual, a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuántos aspectos relativos a su financiación resulten de interés».

La Fiscalía cree necesario tener en cuenta «las inscripciones registrales» y «cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos». El informe que aportó la UDEF en noviembre de 2025, en el que se basa la fiscal en su escrito, mencionaba «la existencia de diversos protocolos notariales que ponen en evidencia como a partir del año 2017 la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital».

Ese es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa (nacionalizado español), Rodolfo Reyes Rojas (cuyo teléfono fue intervenido en Estados Unidos y ha sido clave para la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero), María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff.

También de algún otro que, «sin detentar participación accionarial, ocupó cargos de responsabilidad» como ocurre con Raif El Arigie Harbie. «O que mantuvo significativas relaciones financieras con la compañía», como es el caso del venezolano Alcíades José Carión Carrión.