El ‘decreto Maricarmen’ protege a los okupas de un jubilado que lleva viviendo 3 años en una furgoneta con una pensión de 450 euros

Ricardo lleva más de tres años viviendo en una furgoneta con vistas a su casa e intentando sobrevivir mes a mes con una pensión de 450 euros. Mientras, sus inquiokupas disfrutan del que fuera su hogar en el municipio tinerfeño de Arona, salen a trabajar y reciben a su hija cuando va «de vacaciones» a la playa.

En julio su impotencia se transformó en esperanza después de que una sentencia favorable le diera la razón: el 30 de noviembre recuperaría su vivienda tras desahuciar a los okupas. Ahora, tras la aprobación del decreto Maricarmen teme que todo vuelva a empezar.

Tal y como relata el afectado a OKDIARIO, la nueva norma cede a sus deudores un escudo prácticamente impenetrable que, además, ha sido alegremente presumido por Pedro Sánchez. Cabe recordar que el presidente del Gobierno aseguró este martes que, tras la aprobación de su decretazo, el Gobierno «no permitirá que haya ningún desahucio más en España».

Ricardo está jubilado, tiene 68 años y cuenta con un grado de discapacidad del 60%. En conversación con este periódico explica que en septiembre de 2022 su ex mujer y él hicieron un contrato verbal de arrendamiento por un año, con plena validez jurídica, con el que iba a ser su inquilino.

Un año más tarde, Ricardo se puso en contacto con el arrendatario y con su mujer para avisarles de que iba a necesitar la casa para vivir él tras divorciarse de su pareja: «Siempre me decía que sí, que iba a buscar otra casa y me la dejaba», explica. Sin embargo, lejos de hacer lo propio, en diciembre de 2023 la pareja de inquilinos dejó de pagar sus mensualidades.

La renta que percibía por la vivienda era de 600 euros mensuales «con luz y agua incluidos». Ahora, calcula que la deuda ascenderá a 23.000 euros por los 36 meses de impago y los respectivos aumentos del IPC. Tras jubilarse y dejar de trabajar en la construcción, la posición económica de Ricardo se fue tornando cada día a más vulnerable, hasta que los propios Servicios Sociales certificaron dicha condición.

Pese a tratarse de una persona jubilada, con ingresos de poco más de 450 euros y que pernocta en un vehículo desde hace tres años, la Administración al vecino canario nunca le ha dado una alternativa habitacional.

El afectado explica que en mayo de 2024 solicitó un abogado de oficio y demandó los impagos de sus inquilinos en el Juzgado de Arona (Tenerife). En julio de 2025 ganó un juicio verbal y ahora, en julio de 2026, el Tribunal Superior de Santa Cruz de Tenerife dictó el fallo con sentencia a su favor y con orden para proceder al lanzamiento de sus inquiokupas el próximo 30 de noviembre.

«Quiero alertar del mal que está pasando este país», lamenta. «Vivo en un furgón y ellos están viviendo en mi casa como reyes y sin pagar. Tengo mucha impotencia. No soy un gran tenedor, es mi única vivienda (…) Los Servicios Sociales a mí me dicen que no tienen opciones para que pueda vivir dignamente», señala apenado en conversación con OKDIARIO.

El decreto Maricarmen juega en contra

Después de tres años pernoctando en una furgoneta, Ricardo esperaba poder volver a descansar en una cama; poder regresar a su casa. Sin embargo, el decreto de Vivienda que los de Sánchez han vuelto a aprobar este martes tras el rechazo del Congreso de los Diputados le ha puesto en alerta: teme que la nueva norma frene el desahucio o que, de llevarse a cabo, suceda algo similar al caso Maricarmen.

A falta de conocer con más detalle cuáles son los pequeños matices que el Ejecutivo ha añadido a sus decretos, el texto de la pasada semana no aseguraba la recuperación de la vivienda cuando el inquilino deja de pagar el alquiler.

De hecho, la norma contempla que si concurren diferentes circunstancias que muestran a dichos inquiokupas ante la Administración como vulnerables, contar con una sentencia de desahucio no supondrá que tengan que abandonar la vivienda de manera inmediata.

El Gobierno, con su decreto de vivienda, plantea que los tribunales puedan suspender el lanzamiento aunque haya una resolución judicial cuando la persona afectada tenga problemas económicos por los que esté considerada como vulnerable y que, además, no tenga donde vivir.

Este es el punto que ahora están estudiando Ricardo y su abogada. El problema, destaca, es que esta pareja es marroquí y, además, no declaran sus ingresos ante la Agencia Tributaria. Según explica el afectado, el inquilino es «un mecánico que trabaja en negro en la misma calle».

«Lo denuncié, pero no lo pillaron infraganti. Los vecinos lo saben y deja siempre aceite quemado de los coches en el suelo justo delante de mi portal», comenta mostrando fotografías de las manchas en el asfalto.

Ahora Ricardo se ve con una sentencia a favor y la justicia de su parte, con un desahucio programado para el próximo 30 de noviembre tras más de tres años viviendo en un automóvil, pero con temor a que el precedente de Maricarmen y los nuevos decretos del Gobierno entorpezcan su vuelta a casa.

Si sus inquilinos -inmigrantes y sin ingresos declarados- se revelan públicamente como vulnerables, Ricardo, pese a su situación, podría tener las de perder. Este vecino lamenta que, pese a tener reconocida su vulnerabilidad y poseer sólo una vivienda, la normativa estatal le desproteja frente a la ilegalidad.