El Gobierno confirma a jueces y fiscales que sigue adelante con sus reformas para controlar la Justicia

El Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás en las reformas judiciales con las que quiere garantizarse más jueces y fiscales afines y entregar la instrucción al fiscal general del Estado. Así se lo ha hecho saber el Ministerio de Justicia a las asociaciones de jueces y fiscales en una reunión mantenida este lunes.

Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas, exigen la retirada de la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal y de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMP) por suponer «una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, por poner en peligro el Estado de Derecho».

Un peligro frente al que han convocado una huelga del 1 al 3 de julio y del que ya han alertado a Europa. El pasado 11 de junio también protagonizaron un histórico paro frente a las sedes judiciales de toda España, secundado por «cerca del 70%» de los jueces y fiscales» en activo de España.

A la reunión, celebrada en la sede del Ministerio este lunes por la tarde, asistió el Comité de huelga de las asociaciones de jueces y fiscales, integrado por Alejandro González Mariscal de Gante (APM), Óscar López Bermejo (AJFV), Esteban Basalo Moreno (FJI), Esther Moreno Amaya (AF) y Santiago Sánchez López (APIF).

Por parte del Ministerio participaron Manuel Olmedo, secretario de Estado; Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; y Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia.

Durante la reunión, el Comité de Huelga reclamó la retirada íntegra de las dos reformas planteadas por el Gobierno porque «recortan la independencia judicial y dan aún más poder al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz».

Sin embargo, las asociaciones informan que el Ministerio «no estuvo dispuesto ni a cambiar lo mas lesivo y, a pesar de que los argumentos fueron concretos, justificados y técnicamente fundamentados, ha decidido mantener su proyecto».

Además, jueces y fiscales insistieron en «la necesidad de que este proyecto legislativo se tramite por el cauce ordinario, garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado». Advirtieron que una tramitación acelerada, en el contexto actual, no permitirá alcanzar estos objetivos, «máxime si como se ha venido a reconocer con toda claridad por la representación ministerial en la reunión, el texto presenta esenciales déficits técnicos que resulta necesario acometer».

Asimismo, el Comité de Huelga se opuso a la proyectada reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que rechaza de plano por suponer «un grave retroceso en la autonomía» de la Fiscalía.

Sobre esta iniciativa del Ejecutivo denuncian que «no contribuye a la mejora de la autonomía orgánica y funcional del Ministerio Fiscal, sino más bien, lo contrario: una verdadera involución institucional»; que los derechos y garantías de los fiscales se ven «seriamente comprometidos»; y que supone un «reforzamiento falaz de la figura del fiscal general» y la devaluación del Consejo Fiscal,  órgano representativo de la Carrera Fiscal, «con el consiguiente refuerzo de la jerarquía del fiscal general del Estado y la merma de los controles internos propios de cualquier organización moderna».

Esta reforma, además, permitirá al fiscal dar órdenes a policías, guardias civiles, mossos y ertzainas. Pretende atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales y que la Fiscalía se quede con la UCO.

«Lamentablemente, el Ministerio de Justicia no aceptó ninguna de nuestras propuestas, sin ofrecer alternativas ni mostrar apertura al diálogo», denuncian las asociaciones. Además, critican que el Ministerio «llegó a plantear dudas sobre el derecho de huelga de jueces y fiscales que se ha venido consolidando y reconociendo en los últimos años, lo que no se compadece en modo alguno ni con el efectivo y responsable ejercicio del mismo tenido lugar en múltiples ocasiones anteriores sin cortapisa alguna ni con el efectivo detraimiento de haberes que por parte del Ministerio de Justicia tuvo lugar con ocasión del conflicto colectivo acontecido en el año 2018».

Concentración ante el Supremo

Ante este enrocamiento por parte del Gobierno de seguir adelante con sus reformas, el siguiente paso de jueces y fiscales será una concentración institucional ante el Tribunal Supremo el próximo sábado, 28 de junio, a las 12:30.

«El emplazamiento, simbólico e institucional, no constituye una protesta contra ningún poder del Estado, sino una manifestación cívica en defensa de la independencia del Poder Judicial y del acceso profesional e igualitario a la carrera», destaca el comité de Huelga.

Señala que el Alto Tribunal es «el lugar donde miles de opositores culminan su preparación en busca de un acceso basado en el mérito, el esfuerzo y la igualdad» y que es una concentración «estrictamente institucional, sin componente partidista alguno, que pretende visibilizar la importancia del Poder Judicial como pilar esencial del Estado de Derecho».

Esta movilización está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía «comprometida con la defensa de una Justicia independiente y al servicio del interés general».

De no retirarse ambas reformas judiciales, jueces y fiscales llevarán a cabo la huelga para defender «los principios básicos del Estado de Derecho, así como de unas condiciones profesionales dignas y respetuosas con la función jurisdiccional».

Las asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).