Escándalo en la SEPI

El Gobierno confirma que la SEPI se echa atrás y no comprará la planta de Alcoa en Lugo

Participantes en la manifestación del comité de empresa de Alcoa queman neumáticos, en Ribadeo (Lugo/Galicia) a 31 de mayo de 2020.
Participantes en la manifestación del comité de empresa de Alcoa queman neumáticos, en Ribadeo (Lugo/Galicia) a 31 de mayo de 2020.

El Gobierno ha confirmado su ‘marcha atrás’ en el proceso por el que se negocia la venta de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), como adelantó OKDIARIO. Este jueves ha comunicado a los representantes de los trabajadores que no está dispuesto a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sea la que se haga con la planta para después transferírsela a un tercero, a priori el conglomerado GFG Alliance (Liberty). Una marcha atrás que deja en el aire 500 puestos de trabajo.

OKDIARIO informó de una carta firmada por Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme, en la que afirmaba que «Alcoa debe tomar la iniciativa de la venta estableciendo un contacto directo con los inversores interesados, constatando su solvencia y su perfil industrial». Lo cual implicaba la marcha atrás del Gobierno en su promesa de comprar la planta a través de la SEPI.

«Alcoa debe acometer el proceso de venta facilitando toda la información necesaria a los potenciales compradores para que puedan emitir ofertas vinculantes viables que garanticen la actividad de las plantas y el mantenimiento del empleo. SEPI, como instrumento del Gobierno de España, está dispuesta a estudiar y trabajar en la propuesta de venta que Alcoa alcance con el Comprador elegido», añadía la misiva.

Esta marcha atrás llega tras el escándalo por el rescate de Plus Ultra y ante  las posibles consecuencias penales de una operación como la compra de esta planta con dinero público. Tras un primer intento frustrado, en otoño pasado, las negociaciones volvieron a activarse a comienzos de este año. La participación o no de la SEPI ha sido siempre uno de los elementos clave en la discusión entre Gobierno y empresa, puesto que Alcoa se había negado a vender la planta a nadie que no fuera la SEPI.

Este jueves, en una nueva mesa multilateral en la que Blanco no ha participado por cuestiones de agenda, el Ejecutivo «ha comunicado que no están dispuestos a meter a la SEPI en la compra de esta fábrica», según ha trasladado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, visiblemente molesto.

Los trabajadores piden una reunión con Reyes Maroto

Ante eso, el comité ha reclamado una reunión «urgente e inmediata» al criticar que ya van «15 días de retraso». En ese encuentro, ha incidido Zan, quieren que esté el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, y la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Por su parte, la Xunta ha dicho «que no tienen problema», por lo que los representantes de los trabajadores están a la espera de que la ministra «ponga fecha» para esa reunión.

Para la plantilla «es muy importante que la SEPI entre» porque es su «garantía» de que Alcoa «no va a hacer lo mismo que hizo con A Coruña y Avilés», ha remarcado José Antonio Zan. Precisamente, esta semana la Audiencia Nacional ha condenado a Alcoa a cumplir las condiciones de despidos y recolocaciones en las plantas de Avilés y Coruña debido a las irregulares condiciones de su venta

Por eso, el comité de Alcoa en San Cibrao quiere que esté la SEPI, «para verificar que todo el proceso es real y para decidir quién es el que al final acaba haciéndose con la planta».

«Es muy importante que mantengamos la unidad de acción, creemos que el Gobierno no debe salir de esa unidad de acción», ha hecho hincapié el presidente del comité.

En este escenario, ha hecho un llamamiento a la movilización convocada este domingo, para que el Gobierno «vea» que continúa el respaldo a la plantilla. «No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando», ha remachado Zan.

Por último, ha recordado que el Congreso aprobó una iniciativa con la que pedía «una intervención pública temporal para una posterior venta a un tercero» en A Mariña. Al respecto, ha avisado de que el Ejecutivo «no debe ir contra el Parlamento de Galicia ni contra el Congreso de los Diputados, ni contra los trabajadores».

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