El Gobierno aprieta a las gasistas para que la participación de Cepsa en Medgaz no acabe en manos extranjeras

Cepsa, petrolera del fondo Mubadala, se encuentra ultimando los detalles de la venta del 42% de su participación en el gasoducto de Medgaz, que conecta Argelia y España. Naturgy, que actualmente cuenta con un 15% de las acciones de la sociedad, ha mostrado su interés en la compra, empujada por el Gobierno ya que, según fuentes del Ejecutivo, «es estratégico para España tener una posición relevante en el conducto».

El tercer socio que participa en el gasoducto es la petrolera argelina Sonatrach, que cuenta con un 43% de las acciones de la compañía. La potencial salida de Cepsa del accionariado abre la puerta a nuevas empresas y fondos a invertir en el gasoducto submarino de gas natural. Sin embargo, el Gobierno español entiende que este es un enclave fundamental para España y ha animado al sector gasista español a considerar la oferta de compra.

A pesar de esto, la petrolera estatal Sonetrach pidió a Cepsa que no vendiera toda su participación a un único inversor, por lo que la compañía energética se encuentra por el momento valorando otras opciones. La empresa presidida por Francisco Reynés solo necesitaría un 36% de las acciones para hacerse con el control mayoritario del gasoducto, ya que dispone de un 15% de estas. Fuentes del sector apuntan que «el interés de Naturgy pasa por incrementar su porcentaje de participación para asegurar que España tenga más presencia en este enclave tan importante».

Necesidad de suministro

Los interesados tendrán hasta el próximo mes de agosto para hacer la correspondiente ‘due dilligence’ dentro del derecho de tanteo de las compañías. Cepsa ya trató de deshacerse de esta participación en Medgaz en 2018, durante su proceso de salida a Bolsa, acordando su venta a su accionista Mubadala Investment por 500 millones de euros. Sin embargo, finalmente la transacción no se llevó a cabo tras suspenderse la operación de vuelta al parqué de la compañía.

El gasoducto de Medgaz, que toca tierra nacional a través de Almería, representa un suministro fundamental para España, por lo que la negociación política entre el Gobierno español y el argelino resulta crucial. La infraestructura de transporte de gas entre ambos países obtuvo un beneficio de más de 78 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 3% respecto a los 76 millones de euros del ejercicio anterior. Por otro lado, la concesión de la compañía para el transporte del gas desde Magreb vence en 2021, por lo que la sociedad se encuentra en negociaciones con Marruecos para su renovación.