Defensa de la industria cárnica

Garzón se puede enfrentar a acciones legales si las exportaciones de carne caen tras su ataque al sector

ganaderos Garzón
El ministro de Consumo, Alberto Garzón.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se sumará “a cualquier acción que defienda los intereses de los ganaderos”, sin descartar las acciones legales, si “en los próximos días se detectan problemas en las exportaciones tras el ataque del ministro Alberto Garzón a la ganadería española, un sector que, consideran, el político comunista desconoce totalmente. El daño que le ha causado sus declaraciones a esta industria, «puede ser importante».

Así lo ha señalado José Manuel Roche, secretario de relaciones internacionales de la organización al ser preguntado en una conversación con OKDIARIO por la decisión de la Asociación Empresarial Cárnica, Anafric, que hace unos días informaban de que se reservaban el derecho de emprender acciones judiciales si no hay una rectificación por parte del ministro.

Pero en lugar de rectificar su ataque contra los ganaderos Garzón va más allá, tal y como afirma Roche, al señalar el modelo de ganadería intensiva. “La desinformación de este señor es descomunal. Sigue en sus trece, ciñéndose a informes que no son acordes con la realidad del sector cárnico español, que cumple con toda la normativa”, afirma el secretario de relaciones internaciones de UPA.

En la organización defienden que la industria cárnica española está controlada de principio a fin por profesionales veterinarios que certifican la calidad para su consumo y exportación, y recuerdan que en España existe una normativa que regula cómo deben ser las explotaciones, generalmente familiares y de ganadería estabulad, generalmente regentadas por ganaderos autónomos que desarrollan su actividad en los pueblos. También rechazan la polémica sobre las macrogranjas, porque “no es un modelo que esté instaurado en nuestro país” y sí en otros como EEUU, China o Brasil, donde hay explotaciones de cientos de miles de cabeza de ganado.

Roche pide al Gobierno “un apoyo sin ningún tipo de dudas”, porque el sector cárnico español produce exclusivamente en base a la normativa. Por ello, agricultores y ganaderos exigen que se tomen medidas contra un ministro de Consumo que “debería preocuparse por hacer un sistema de doble etiquetado en el que los consumidores pudieran ver exactamente de dónde vienen esos alimentos, en muchos casos de países que incumplen la normativa. Debería preocuparse por la diferencia de los márgenes entre productores y consumidores, en algunos casos del 1.000%, y por promocionar los alimentos de España de cara al exterior”.

Críticas del sector y defensa tibia del Gobierno

La entrevista en The Guardian, en la que aseguró que las granjas de gran tamaño españolas «contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados», le ha valido a Garzón las críticas de toda la industria. Las más duras, las de . Además de posibles acciones judiciales si no hay rectificación, desde la patronal cárnica se ha instado a todo el sector a unirse para pedir una reunión al más alto nivel. “Consideramos una infamia estas declaraciones, una burla y un absoluto desconocimiento del sector. Creemos que el Sr. Garzón no es consciente de lo que aporta el sector al PIB y del efecto negativo que sus palabras pueden producir en él”, explicaba el presidente de la asociación, José Friguls.

La oposición y algunos miembros del PSOE se han sumado a esas críticas a Garzón, mientras que desde el Ejecutivo se ha hecho una defensa tibia de una actividad que, según datos de 2020, supone el 2,4% de la economía española. El Ministerio de Agricultura, que se han limitado a señalar que en España “conviven modelos de ganadería intensiva y extensiva, que siguen las estrictas normas de producción y bienestar animal de la UE”. Un mensaje que para UPA se queda corto. “Creemos que tiene que desautorizar totalmente las declaraciones del ministro de Consumo”, apunta Roche, que se reitera en la necesidad de una rectificación por parte del ministro. Si esta no tiene lugar, exigen su dimisión o cese.

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