Presupuestos para 2021

Garzón cerca a las empresas del juego: prevé disparar un 46% el control y un 60% las sanciones

Alberto Garzón
Alberto Garzón, Ministro de Consumo. Manuel Castells, Ministro de Universidades. (Foto: Francisco Toledo)

El ministro comunista de Consumo, Alberto Garzón, sigue adelante con su cruzada contra el juego. Además de lanzar un ultimátum a los equipos de fútbol para que retiren la publicidad de las casas de apuestas antes de que termine la temporada, ahora va a poner en marcha una nueva regulación que contempla disparar un 46% las actuaciones de control y supervisión del juego y un 66% las sanciones.

En cuanto a las actuaciones de control y supervisión, el Programa 496M que recoge la nueva regulación del juego que ejecutará la Dirección General de Ordenación (DGOJ) desvela que el número de actuaciones presupuestado para 2020 es de 410, frente a las 600 previstas para 2021, lo que supone un aumento del 46%. El porcentaje se dispara hasta un 66% en el caso de los procedimientos sancionadores, que pasan de los 150 presupuestados en 2020 y los 250 el próximo año.

También crecen las actuaciones de investigación y seguimiento previstas de juego ilegal (de 140 este año en cueros a 200 el próximo) y las denuncias y reclamaciones tramitadas en materia de juego (de 125 a 150), mientras que los acuerdos y convenios previstos en este campo se mantiene en 10.

El Programa 496M de Regulación del Juego justifica las iniciativas puestas en marcha para conseguir «el desarrollo de un mercado viable, protegiendo los derechos del consumidor y en especial de los sectores vulnerables en aras de evitar el acceso de los jóvenes al juego online y la lucha y prevención de la ludopatía», explica el texto. Añade que todas las actuaciones se enmarcan dentro de cuatro objetivos macro: propiciar la responsabilidad y la seguridad en la oferta y en el consumo de juegos de azar, fortalecer el juego autorizado y la lucha contra el fraude, conseguir un mercado viable, integrado y favorable a la innovación, y reafirmar el compromiso de la Dirección General de Ordenación con la sociedad.

En cuanto al último punto, el texto explica que van a mejorar la transparencia de las actuaciones, ampliar las iniciativas de divulgación y, entre otras cosas, aumentar la presencia institucional a nivel nacional e internacional; lo hará «a través de la participación activa en los entornos de colaboración y debate sectorial, social e institucional y del impulso de nuevas estrategias y espacios de trabajo».

Otro de los cambios que contempla el programa de la regulación del juego afecta a la tasa por la gestión administrativa del juego. El texto explica que se vinculará al volumen real de la actividad del mercado, en este caso a las cantidades jugadas; «tasa que en los últimos ejercicios se ha visto incrementada con crecimientos superiores al 10% en lo relativo a la base imponible directamente relacionada con la actividad del mercado», explica.

También en materia impositiva, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla que a las empresas domiciliadas en Ceuta y Melilla se les aplicará el IPSI, un impuesto que se aplica exclusivamente en estas, y no el IVA, tal y como estaba establecido hasta el momento.

El órgano sancionador en manos de Garzón

El Real Decreto de Teletrabajo ha «adjudicado» a Alberto Garzón la Comisión Nacional del Juego, el organismo sancionador, hasta ahora gestionado por el Ministerio de Hacienda. «Las competencias que en materia de juego tenía atribuidas el Ministerio de Hacienda, han sido atribuidas al Ministerio de Consumo, en virtud de los artículos 2 y 4 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales».

La Comisión Nacional del Juego tiene las funciones de desarrollar la regulación básica de los juegos y las bases generales de los juegos esporádicos cuando así se determine en la Orden Ministerial que las apruebe, también dicta instrucciones de carácter general a los operadores de juego y, entre otras cosas, establecer los requisitos técnicos y funcionales necesarios de los juegos, los estándares de operaciones tecnológicas y certificaciones de calidad.

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