Los funcionarios denuncian el colapso en la Seguridad Social que niega el Gobierno

Esta semana el Gobierno negó que la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufran una situación de colapso como consecuencia de la gestión de las peticiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, los funcionarios que se encargan de realizar estos trámites y conviven diariamente con las solicitudes de los ciudadanos lo tienen claro y contradicen a las declaraciones del Ejecutivo, «si no hemos entrado en colapso se le parece bastante».

Mientras el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, aseguró que la Seguridad Social se está enfrentando al reto de asumir una prestación nueva y que la respuesta está siendo «más que digna», desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) remarcan lo contrario: «El retraso en la resolución de expedientes por la falta de personal es mayúsculo», avisan.

«Ha habido una contratación extraordinaria de 1.000 interinos en la Seguridad Social más otros 50 en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ya que ni recordábamos la fecha de la última vez que se hizo. Ha habido una merma en los últimos ocho años de 10.000 empleados públicos en la plantilla de trabajo del INSS. Por no hablar de las citas previas, donde en una gran parte de las capitales de provincia es prácticamente imposible de gestionar, y los ciudadanos tienen que pagar un 901», añaden.

La realidad es que la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) en los últimos meses como consecuencia del impacto de la pandemia del covid-19 en las empresas también ha generado un colapso importante en las oficinas del SEPE. Cientos de usuarios siguen reclamando el cobro de su prestación y denuncian que la página web habilitada da fallo constantemente.

La gestión del ingreso mínimo

Pese a la insistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez de defender la gestión que se está haciendo tanto del Ingreso Mínimo Vital como de las prestaciones, los datos muestran otra realidad. Y es que hasta hace tan solo un mes, la Seguridad Social solo había aprobado menos de un 1% de las gestiones del ingreso mínimo. Estos trámites han provocado también un problema añadido. Los funcionarios denuncian que el IMV ha triplicado el tiempo que se tardan en gestionar otras prestaciones como las pensiones.

Algunos de los trabajadores encargados de tramitar las solicitudes del ingreso mínimo explican a este diario que el problema es que se trata de una prestación, con una proceso de solicitud muy complejo. Por este motivo estiman que se tardan 45 minutos en gestionar un expediente en el que toda la documentación se haya presentado de forma correcta, algo que como señalan «no está sucediendo».

De hecho, una prueba más de este colapso es la decisión adoptada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de llevar a cabo unos «pequeños ajustes normativos» con los que ampliará el plazo para recibir respuesta a las solicitudes del ingreso mínimo, que empezarían a caducar desde este martes por silencio administrativo. El objetivo es que no caduque ninguna de las presentadas y «agilizar los trámites» ante el elevado número de expedientes.

El propio Pablo Iglesias reconoció este martes en el Senado que su medida estrella para paliar la pobreza, el ingreso mínimo vital, «tiene muchos defectos». El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Fabra, criticó que la tramitación del sueldo prometido por el de Podemos «está siendo un desastre». Iglesias, lejos de corregirle, le dio la razón: «Mucha gente que lo ha solicitado no lo ha recibido a pesar de que lo necesite».

Así, el vicepresidente segundo admitió que existe un «cuello de botella» en la tramitación del ingreso mínimo vital. Además se justificó asegurando que «el Gobierno no hace todas las cosas bien a la primera».