Economía

Francia, Italia y Portugal subvencionan el bono social mientras que Sánchez lo carga a las eléctricas

Sánchez bono social
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Pese a que Pedro Sánchez se crea un abanderado del «escudo social», lo cierto es que en comparación con otros países europeos tiene mucho que aprender. El bono social de la luz, una medida que se ha hecho cada vez más popular por el aumento de los precios energéticos que se viene dando en las últimas semanas. Sin embargo, a diferencia de otros países como Francia, Italia y Portugal que financian el bono social vía presupuestos, Sánchez se lo carga a las eléctricas.

Existe un debate sobre cómo debe financiarse el sobrecoste que supone el bono social, siendo una tendencia en Europa que su coste se traslade a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En cuanto a la financiación que debe tener estas medidas de apoyo al consumidor vulnerable existen diferentes vías utilizadas por los Estados miembro. Concretamente, en España, el bono social de la electricidad se financia a cargo de todas las comercializadoras de energía en función de su número de clientes, según lo establecido por el Real Decreto- ley 7/2016, de 23 de diciembre, en el que se adoptó dicho criterio de reparto.

Según el informe El bono social como mecanismo de protección al consumidor vulnerable -elaborado por PwC y la Fundación Naturgy- esta forma de financiación ha generado siempre cierto debate, ya que no está siguiendo la tendencia actual que existe en algunos de los principales países de Europa, como Francia, Italia o Portugal en los que los mecanismos de apoyo y ayuda al consumidor vulnerable se financian vía PGE como una medida más de la política social del país, evitando inducir los costes adicionales del bono social a las eléctricas que puedan resultar discriminatorios.

En Portugal, el Gobierno cuenta con la Tarifa Social Energia Elétrica, que consiste en un descuento fijo del 80% en el término de potencia y de 0,0443 euros/kWh en el término de la energía. Totalmente financiado por el Ejecutivo luso. En Francia, el Chèque énergie, consiste en una cantidad entre 48 y 277 euros anuales -según renta y tamaño familiar-, para pagar facturas de: energía y compras de combustible; gastos energéticos asociados a alquileres de viviendas o locales, determinados gastos de obras en vivienda, relacionadas con la mejora de eficiencia energética. Totalmente financiada por el Gobierno. En Italia, se realiza un descuento fijo sobre la factura eléctrica que oscila entre 128 y 177 euros anuales, conocido como Bonus sociale elettric. Al igual que en Francia y en Portugal, está completamente subvencionada a través de los presupuestos.

Por el contrario, en España, las tres grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, TotalEnergies y Repsol aportarán el 87,94% de la financiación para el bono social eléctrico para el año 2022, según la propuesta de orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En concreto, Iberdrola, lider en cuota de clientes, será la que se hará cargo de un mayor porcentaje del coste del bono social, con el 33,62%. Por su parte, Endesa deberá abonar el 33,53%, Naturgy el 13,68%, TotalEnergies -que compró la cartera de clientes residenciales en España a EDP- el 3,95% y Repsol el 3,14%.

En este sentido, a finales de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el sistema de financiación español de este descuento en el precio de la electricidad para colectivos considerados vulnerables por ser “discriminatorio” y, por tanto, incompatible con la normativa europea. La justicia europea considera que el régimen que estableció el Gobierno español para sufragar el coste del bono social conduce a una diferencia de trato entre las eléctricas y las distintas sociedades que operan en ese mercado que no está justificada de manera objetiva.

A esta sentencia se une la reciente del Tribunal Supremo, que el 31 de enero anuló el modelo de financiación del bono social de la electricidad, al entender que no se ajusta a la legislación europea y discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras. El Tribunal Supremo indica que en otros países de la Unión Europea está establecido que ese coste lo sufraguen los PGE, mientras que en España se ha optado por hacer recaer esta obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.

Para poder ser beneficiario del bono social eléctrico, más allá de tener la condición de consumidor vulnerable, debe tener contratada la tarifa regulada del PVPC de manera obligatoria. Este punto resulta crítico, pues al tratarse de una tarifa indexada al precio del mercado eléctrico mayorista se traslada la volatilidad del mismo a los sectores de consumidores más vulnerables y típicamente con mayor aversión al riesgo y menor posibilidad de gestión económica.

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