Los estibadores provocan un sobrecoste de 230.000 euros por cada barco que sale de los puertos

Estibadores: Antolín Goya
El coordinador general del Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya (Foto: EFE).

La guerra desatada en el sector de los estibadores está pasando factura a las empresas que tienen que exportar sus productos desde los puertos españoles. A cada uno de los barcos que salen de los puertos españoles se les aplica un sobrecoste medio de 230.000 euros.

Los sindicatos han desconvocado la huelga prevista para la semana que viene, pero “las cosas no vuelven a la normalidad, la productividad es baja y los contenedores se siguen acumulando en los puertos”, explican a OKDIARIO fuentes del sector. Ante la intransigencia de los estibadores, las grandes navieras están incrementando el coste en 200 euros por contenedor, un sobrecoste que está repercutiendo negativamente a los clientes finales y los intermediarios.

Los paros previstos para los días 10,13 y 15 de marzo ya han sido desconvocados. Sin embargo, fuentes del sector aseguran a este periódico, que, a pesar de todo, “la normalidad no vuelve a los puertos como quieren hacer creer”.

Desde que comenzó el conflicto, aseguran, “la productividad es muy baja y los contenedores se amontonan en el puerto porque no hay nadie que los suba a los barcos”. Además, el temor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se está cumpliendo porque, ante la disputa, los barcos están eligiendo los puertos de Marsella y Tánger para hacer sus escalas.

Esto con respecto a los barcos que llegan, pero la problemática aumenta con los barcos que exportan las mercancías que salen de España. Ante este incierto escenario, las grandes navieras han tomado dos decisiones: poner un sobrecoste a cada uno de los contenedores que suben a los barcos o directamente no aceptar más carga.

A cada uno de los contenedores se les aplica un sobrecoste de 200 euros y, como mínimo, en un barco de tamaño medio pueden caber alrededor de 12.000 unidades. De modo que el encarecimiento extra total de solo un barco, también como mínimo, asciende a unos 230.000 euros.

Un encarecimiento que, en la mayoría de los casos, termina siendo absorbido por los clientes finales y los intermediarios. Eso sí, cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las diferentes partes para que cada una de ellas se haga cargo de un porcentaje. Las navieras ya han avisado a las empresas con las que trabajan que los nuevos ‘precios’ se comenzarán a aplicar el 14 de abril. A juzgar por estas palabras, las compañías no tienen demasiadas esperanzas de ver el punto y final al conflicto.

Mención especial, además, merecen los contenedores refrigerados, pues al no salir de puerto, deben mantenerse con energía eléctrica con el consiguiente riesgo de que los alimentos se echen a perder. Otra carga económica más para las firmas exportadoras.

Otra de las medidas tomadas es la de no aceptar más carga porque no hay estibadores para subir la mercancía a los barcos. Una decisión que también conlleva graves consecuencias, pues los productos de las empresas exportadoras no salen ni de los puertos ni de sus propias instalaciones y el engranaje comienza a fallar. El género no sale, los clientes quedan desabastecidos y comienzan a buscar alternativas. ¿El resultado? Esos clientes jamás regresan.

Liberalización del sector por orden europea

Los sindicatos no quieren perder sus privilegios de monopolio, de ahí que se opongan frontalmente a la reforma que el Gobierno debe llevar a cabo a finales del mes para liberalizar el sector.  Una reforma, por cierto, que viene dada con sello de obligación por parte de la Comisión Europea.

La comisaria de Transportes, Violeta Bulc, ya ha recordado a patronal y sindicatos que están condenados a entenderse. Además, ha advertido que si el próximo 24 de marzo el Gobierno no aprueba el Real Decreto Ley se enfrenta a las multas correspondientes al incumplimiento del fallo de Bruselas.

Recordemos que España acumula ya una multa cercana a los 23 millones de euros por la sentencia condenatoria que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó contra España en 2014.

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