La española del Comité Europeo de Derechos Sociales destroza a Sánchez por la gestión del ingreso mínimo

Carmen Salcedo, miembro español del Comité Europeo de Derechos Sociales y catedrática en la Universidad de Valencia, ha sido muy dura con el Gobierno de Pedro Sánchez en su voto discrepante sobre la decisión de este Comité de no requerir medidas cautelares al Ejecutivo para revertir la mala gestión del ingreso mínimo vital (IMV).

Como publicó este diario el lunes, el Comité Europeo acepta investigar la denuncia de miles de afectados por los cobros indebidos del ingreso mínimo, planteada por la ONG ATD Cuarto Mundo, pero rechaza pedir medidas cautelares contra las miles de reclamaciones que está haciendo el Gobierno español a perceptores de esta prestación para que devuelvan parte de lo cobrado, dejándoles sin ingresos y con una deuda que no pueden pagar.

Ésa es la esencia del problema que hay encima de la mesa y que afecta, según ha admitido el Gobierno, a unas 100.000 familias que cobran o han cobrado el ingreso mínimo. La Seguridad Social concede esta ayuda, a veces sin que el perceptor lo solicite, la paga y, cuando meses después coteja los datos de ingresos con Hacienda, reclama lo pagado a los perceptores que superan el mínimo de ingresos que marca la norma para recibir la ayuda.

El problema es que en muchos casos se produce por errores del Gobierno, o porque el perceptor ha trabajado unos días o unas semanas, o porque no se ha tenido en cuenta los ingresos de las pensiones de los divorcios. En todos esos casos, los afectados acuden a los tribunales, que en muchos casos les han dado la razón.

Así lo pone de manifiesto Salcedo en su voto particular. Salcedo cita sentencias de tribunales de Asturias, País Vasco, Madrid, La Rioja, Canarias, Valencia, Castilla y León… «Lo que todas las sentencias mencionadas en esta muestra tienen en común es que demuestran objetivamente que el ingreso mínimo vital cubre las necesidades básicas de subsistencia y que los beneficiarios son personas en situación de vulnerabilidad económica. No se requiere un gran esfuerzo de interpretación para comprender que, si no se suspenden los procedimientos de exigencia de reembolso, las personas afectadas, que viven en la pobreza, sufrirán un daño irreparable al no poder cubrir sus necesidades esenciales», señala en su voto discrepante la miembro española del Comité Europeo.

«El Comité ha constatado que vivir en situación de pobreza y exclusión social viola la dignidad de la persona humana. Por ello, teniendo en cuenta el contexto de la queja, deberían haberse indicado medidas inmediatas. Éste es un caso en el que está en juego la dignidad humana», señala Salcedo.

Para la española del Comité Europeo, que nombran los ministros de Asuntos Exteriores de cada país, es crucial en toda esta denuncia que el Gobierno de Sánchez no haya dicho todavía absolutamente nada desde que se registró la misma, el 4 de junio de 2024. «El Gobierno no ha presentado ningún documento que impugne las solicitudes de la organización querellante, ni sobre la admisibilidad de la queja ni sobre la indicación de medidas inmediatas para la suspensión preventiva de las demandas de reembolso realizadas o que deban realizarse», subraya.

«Resulta igualmente sorprendente que el Comité haya decidido no dar crédito a la alegación de la organización demandante de que se están tramitando miles de casos, alegación que, cabe señalar una vez más, el Gobierno no ha rebatido», insiste.

Se da la circunstancia de que Salcedo ya fue atacada por el Gobierno español. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y de Justicia, envió en marzo de 2024 una carta al Comité Europeo pidiendo la recusación de Salcedo en el caso del coste del despido improcedente, que se inició por una denuncia de UGT en 2022.

Su argumento es que, antes de ser designada para el cargo por el ministro de Asuntos Exteriores español en 2022, Salcedo escribió un artículo denunciando que el coste del despido en España era contrario a la Carta Social Europea. Finalmente, en julio de 2024, el Comité señaló que el coste del despido improcedente en España no era adecuado e iba en contra de la Carta Social Europea. Esta sentencia no es vinculante para el Gobierno.