También pasa de la posición 26 a la 29 de los 38 países OCDE

España pierde puestos en libertad económica entre los países de la UE desde que gobierna Sánchez

Pedro Sánchez y Francina Armengol el pasado 3 de octubre en Mallorca. (Foto: Cati Cladera / EFE)
Pedro Sánchez y Francina Armengol el pasado 3 de octubre en Mallorca. (Foto: Cati Cladera / EFE)

España pierde puestos de manera acelerada en el Índice de Libertad Económica (ILE) de los países desarrollados que elabora desde 1995 la Fundación Heritage, en colaboración con The Wall Street Journal, cuya adaptación para España es realizada por el Instituto de Estudios Económicos. España se sitúa en una modesta posición 41, dos puestos por debajo de la clasificación de 2021, claramente por detrás de la mayor parte de los países desarrollados, y con una puntuación un 19,2% inferior a la de Singapur, que es el país que encabeza el ranking.

Centrando la comparativa en los 38 países que conforman en la actualidad la OCDE, se observa que nuestro país presenta un notable margen de mejora tanto en el ámbito general de la libertad económica como en el apartado particular de la libertad de empresa. España obtiene un resultado de 93,8 puntos en el ILE. Esta puntuación hace que nuestro país se sitúe un 6,2% por debajo de la media de la OCDE, y en la posición 29 de los 38 países considerados. Además, España también se encuentra un 5,9% por debajo del promedio de la UE-27. Estas diferencias se han incrementado en el último año frente a la edición de 2021, cuando España ocupaba la posición 26 .

El ILE aproxima el grado de libertad económica que presentan los países analizados, teniendo en consideración doce variables de referencia que se pueden agregar en cuatro grandes categorías: el imperio de la ley, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados. En la edición de 2022, el índice vuelve a situar a Singapur en la primera posición. En esta ocasión, Suiza e Irlanda ascienden hasta la segunda y tercera posición, mientras que Nueva Zelanda retrocede hasta la cuarta tras haber sido segunda en la edición anterior.

El empeoramiento relativo del ILE en nuestro país durante el último año pone de manifiesto una peor evolución de la libertad económica en España que en el promedio de las economías desarrolladas y de la Unión Europea. Entre las causas destacan un mayor deterioro de la salud fiscal, con elevados niveles de deuda y déficit públicos, y también un cierto empeoramiento de las variables de buen gobierno. En esta línea, España, según el índice de The Economist, ha dejado de estar en la categoría de democracia plena para pasar a la de democracia con defectos. Nuestro país continúa con desafíos para la gobernanza, como la fragmentación política o la corrupción, al tiempo que sigue presentando problemas de sobrecarga y lentitud en el sistema judicial, que, además, padece una creciente interferencia política.

La mediocre posición de España a nivel mundial en cuanto a libertad económica se ve condicionada, principalmente, por el comportamiento de las variables relativas al tamaño del Estado, como son la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal. En todas ellas es donde nuestro país obtiene las peores clasificaciones, situándose en la zona muy baja del ranking, no solo entre los países desarrollados, sino incluso en el cómputo general. Por el contrario, la estabilidad monetaria, la apertura comercial y la facilidad inversora son las variables donde España alcanza las mejores clasificaciones.

Según los autores del índice, estos resultados invitan a una reflexión en la que se puede observar que las variables donde mejor comportamiento presenta nuestra economía están determinadas por nuestra pertenencia a las instituciones europeas, que favorecen el comercio, la financiación y la estabilidad cambiaria y de precios, entre otros aspectos. Por el contrario, los peores resultados están más influidos por políticas implementadas en clave nacional, con la persistencia de determinados impuestos, tipos impositivos más elevados que en el ámbito de la OCDE y niveles de endeudamiento público superiores.

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