España paga una multa de 10.000 euros al día a la UE porque Sánchez incumple una directiva de igualdad

España paga a diario una multa de 9760 euros, cerca de 10.000 euros, a la Unión Europea (UE) por culpa del incumplimiento de Pedro Sánchez de la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Así lo ha revelado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de este jueves.

«Estamos incumpliendo la directiva de conciliación en España», ha desvelado la ministra. «Este ministerio es claro, nos está costando una multa de 9760 euros al día», ha explicado Yolanda Díaz en un reproche dirigido a la parte del Gobierno perteneciente al PSOE.

Así, la líder de Sumar vuelve a protagonizar un encontronazo con los miembros socialistas del Ejecutivo, algo que cada vez es más común, sobre todo por las discordancias ocasionadas por la no extensión de la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a aquellos que cobren el salario mínimo interprofesional (SMI) tras la última subida.

«Hay que cumplir con la directiva, porque tenemos que abordar los cuidados en este país», ha declarado Yolanda Díaz, recrudeciendo su relación con sus compañeros y ordenándoles que tomen medidas sobre este asunto: «Yo creo que no podemos permitirnos esto».

«Las familias españolas nos están esperando, pero, además, es ineficiente económicamente», ha reprochado la política gallega.

España está pagando, de momento, esa multa de 9.760 euros al día por «incumplir» la directiva europea de conciliación al no retribuir el permiso de ocho semanas para cuidado de hijos hasta que estos cumplen 8 años.

«Estamos incumpliendo la directiva de conciliación en España, la 2019-1158. Este Ministerio es claro en esta vocación, esto nos está costando una multa de 9.760 euros al día. Desde luego este Ministerio tiene claro que hay que cumplir con la directiva». Lo que también resulta paradigmático es que Sumar forma parte del pacto que promovió la iniciativa pero que no implementó los pagos remunerados del permiso de paternidad.

«Yo creo que no podemos permitirnos esto, digo, porque las familias españolas nos están esperando, pero además esto sí que lo voy a decir, es ineficiente económicamente. Estos días que hemos debatido tanto sobre fiscalidad y no fiscalidad, 9.760 euros diarios de multa por no cumplir con una directiva». Yo ya les digo que esto tenemos que hacerlo», ha insistido.

El pasado 2 de agosto de 2024 culminaba el plazo de transposición de la directiva europea de conciliación en lo que afecta a la retribución de los permisos parentales.

Tal y como señaló entonces el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, España debía pagar a Bruselas 7 millones de euros «de momento», en concepto de sanción por no cumplir con el plazo para hacer retribuíbles cuatro de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijos.

Fecha tope del pago del permiso parental

La norma comunitaria entró en vigor en julio de 2019 pero dio más tiempo a los gobiernos para aplicarlo, de modo que quedó aplazado a agosto de 2022 el plazo para trasponer la mayor parte de las disposiciones -que garantizan una baja parental intransferible y retribuida de manera adecuada- y dejó para agosto de 2024 la que se refiere al pago de las dos últimas semanas.

La directiva sobre conciliación establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores.

En España, desde junio de 2023, los padres y madres pueden disponer de ocho semanas hasta que sus hijos cumplan ocho años para cuidarles, que se pueden disfrutar seguidas o de manera discontinua, pero no perciben dinero. Sin embargo, una nueva normativa europea establece que hay que retribuir al menos cuatro de las ocho semanas, y el 2 de agosto era la fecha tope en la que expiraba el plazo para transponer la última parte de la directiva europea de conciliación por parte del Gobierno.