En 2019 sólo quedará una mina de carbón abierta en España

El 31 de diciembre de 2018 no quedará abierta ninguna mina de carbón deficitaria en España. Esto supone que se cuando arranque 2019 se habrán cerrado todas las explotaciones subterráneas de este combustible fósil y sólo quedará una a cielo abierto. Hasta que llegue ese momento, el Gobierno ha decidido duplicar las ayudas directas a la extracción de este mineral hasta los 10 euros por tonelada. Esa fue una de las condiciones impuestas por las empresas y los sindicatos para aceptar la clausura futura clausura de las explotaciones no competitivas.

Fuentes cercanas a todo el largo proceso negociador entre Gobierno, empresas y sindicatos han dicho a OKDIARIO que el incremento de las subvenciones es “humo electoral para vender el cierre de las explotaciones no competitivas”. En estos momentos las ayudas directas eran de 5 euros por tonelada, que pasarán a ser 10 euros por tonelada. Esto supone pasar de unos 6 millones a unos 12 millones de euros anuales. Este incremento, de todos modos, supone que las subvenciones siguen siendo significativamente inferiores a las que había hasta 2010, cuando eran de 25 euros por tonelada. Desde entonces se fueron reduciendo de forma drástica.

El número de empresas que se repartían estas ayudas no llega a 15, con una plantilla conjunta de algo menos de 3.000 trabajadores. La mitad de ellos están empleados por HUNOSA, propiedad de la SEPI. Esta empresa pública, a pesar de emplear a casi el 50% de la fuerza de trabajo del sector del carbón en España produce tan sólo una décima parte del mineral extraído en el país.

Para poder recibir estas ayudas, las compañías mineras tienen que ir reduciendo su producción de forma paulatina a partir de enero de 2017, con el objetivo de haber cesado en su actividad extractiva el 31 de diciembre de 2018. Aquellas que decidan mantener su actividad después de esa fecha tendrán que devolver todas las ayudas recibidas.

SAMCA, la única superviviente

Las empresas que están recibiendo estas ayudas, y que cerrarán al terminar el proyecto, se distribuyen entre Asturias, León y Teruel. En esta última provincia se encuentra la única compañía minera del sector del carbón que, con la nueva situación, tiene garantizada su continuidad. Se trata de SAMCA, que trabaja con explotación a cielo abierto. Unión Minera del Norte (UMINSA) va a tratar de mantenerse, pero las fuentes creen que no lo logrará “por basar su modelo de negocio básicamente en las subvenciones”.

Los trabajadores de las minas cerradas se podrán acoger a un ambicioso plan de prejubilaciones y bajas incentivadas pagado por el Estado vigente hasta 2027. Los prejubilados cobrarán la pensión máxima si en el momento de su salida han cumplido los 52 años y han trabajado 8 años o más en la mina. Con anterioridad podían hacerlo con 54 años y una década trabajada. Hasta que alcancen la edad de jubilación cobrarán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. A partir de ese momento, como cualquier otro pensionista, de la Seguridad Social.

27.000 millones en ayudas

Las subvenciones directas a la producción de carbón es una parte menor del total de ayudas que concede el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC). Durante los últimos años se han entregado ayudas al sector del carbón por 450 millones de euros anuales, más otros 100 millones anuales al sistema eléctrico a través de una cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el pasado las ayudas eran incluso mayores. La media anual era de 1.000 millones de euros. Entre 1998 y 2014 las ayudas al carbón sumaron 27.000 millones de euros. En ese periodo se concedieron al año ayudas por unos 250.000 euros por persona empleada en el sector.

Según fuentes conocedoras del sector desde hace tres década se estaba buscando poner en marcha un plan de cierre “real” de las explotaciones mineras no competitivas. Todos los intentos resultaron infructuosos hasta el año pasado. De hecho, se siguieron concediendo cuantiosas subvenciones que las autoridades comunitarias consideraban ilegales y por las que se establecieron sanciones contra España.

El Ministerio de Industria, la patronal y los sindicatos firmaron un acuerdo en 2012 para reducir la producción en las explotaciones no subterráneas. El plan no recibió el visto bueno de la Comisión Europea debido a que no se contemplaba el cierre de ninguna mina deficitaria, que seguirían viviendo de las ayudas, por lo que el Ejecutivo de la Unión Europea siguió presionando para que se llegara al acuerdo actual, que sí cuenta con su visto bueno.