Efectos letales del impuestazo: la banca cotiza en Bolsa un 7,5% menos y por debajo del valor en libros

El impuesto extraordinario a la banca establecido hace dos años por el Gobierno ha tenido unas consecuencias económicas muy negativas para el sector. Actualmente, por ejemplo, la mayoría de las entidades financieras del país cotiza en Bolsa por debajo de su valor en libros -en una relación de 0,80-. En consecuencia, ésta es una cota inferior a su nivel de liquidación, lo que representa una situación contablemente delicada que los mercados sólo pasan por alto porque se trata de una circunstancia sobrevenida por el efecto de la instauración del impuesto especial.

En caso contrario, representaría una grave pérdida de reputación que tendría consecuencias sobre la solvencia del sector. Adicionalmente, y como resultado de la voracidad recaudatoria del Ejecutivo, el precio de las acciones de los bancos españoles en Bolsa está un 7,5% por debajo de lo que debería ser su valoración corriente en caso de no haberse visto sometido el sector a este gravamen de nueva generación, según ha calculado el Banco Central Europeo en referencia a la capitalización de finales de 2021.

La situación es algo diferente en otros países de la zona euro en los que también se ha establecido el impuesto. La causa es que el objeto de tributación no es exactamente el mismo, de manera que el resultado para las entidades afectadas es menos lesivo en esos países. Por ejemplo, en Italia las entidades pueden esquivar el abono de la tasa si dedican hasta dos veces y media más la cantidad pagada a reforzar su ratio de capital de mayor calidad. Y la tasa se aplica al 40% de los beneficios extraordinarios de los bancos, medidos por el diferencial de los ingresos netos por intereses entre 2021 y 2023 con una ganancia superior al 10%.

En España, el importe de la prestación a satisfacer se calcula aplicando el 4,8% sobre el margen de los intereses y comisiones obtenido durante el ejercicio anterior, y este coste no es deducible del Impuesto de Sociedades, lo que ha llevado a las entidades financieras a denunciar, de hecho, una suerte de doble imposición sobre los beneficios empresariales.

También en Europa, la aplicación del impuesto ha hecho que la banca en general cotice por debajo de su valor en libros, algo que no sucede en el caso de la banca americana, que está en un rango de 1,3 -por encima de dicha cota-, precisamente como consecuencia de que no padece ninguna carga fiscal adicional. En Europa, la idea de establecer el impuesto extraordinario a la banca surgió de la urgencia asumida por los diferentes gobiernos por aumentar el gasto público como consecuencia de los efectos ocasionados por la pandemia y la posterior guerra de Ucrania.

Estas circunstancias hundieron la actividad económica de los estados, dispararon los déficit públicos y desataron una espiral inflacionista que sólo se ha ido corrigiendo por las intensas subidas de los tipos de interés, que han pasado del 0% al 4,5% en poco más de un año en Europa. Pero una situación similar se produjo en Estados Unidos, donde el precio del dinero está actualmente en el 5,5%, un punto por encima de lo que se paga en la zona euro, y se decidió no establecer impuesto o tasa alguna sobre el sector bancario, lo que ha evitado que éste se debilitara, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Continente.

En el caso español en concreto, el presidente Sánchez decidió a finales de 2023 extender la vigencia del gravamen extraordinario durante un ejercicio adicional -a lo largo de 2024-, y la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, líder de Sumar, que es el partido que forma la coalición de gobierno, ha asegurado esta semana que sólo aprobará los presupuestos del Estado para este año si el impuesto se convierte en permanente. Esta posición ha suscitado el rechazo frontal de los bancos y de la patronal que los representa, la Asociación Española de Banca (AEB), así como de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Ambas entidades ya reiteraron en su momento su oposición a que se extendiera un año más el gravamen en el sector, debido a sus «efectos negativos» sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, especialmente en un entorno de «incertidumbre económica internacional». Además, recordaron que esta extensión «se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias».

En total, Hacienda ha recaudado 2.900 millones en 2023 con los impuestos a las empresas energéticas y al sector bancario; de ellos, 1.263 millones provienen del sector financiero. Las eléctricas ya han anunciado que si se siguen gravando de manera extraordinaria los beneficios del sector, muchos planes de inversión se paralizarán o se trasladarán a territorios menos hostiles fiscalmente. La banca espera que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tenga suficiente capacidad de persuasión sobre el presidente Sánchez para parar los pies a la ministra Díaz, de manera que el impuesto no se convierta en permanente adquiriendo carácter estructural.