Los economistas advierten de que el impuesto a la banca lo pagarán los ciudadanos

El Consejo General de Economistas (CGE) ha advertido este viernes que «nada impide» repercutir el impuesto a la banca a los clientes, por lo que considera que esta y otras medidas de la reforma fiscal de Sánchez van a provocar un «aumento de la presión fiscal en los ciudadanos». Así lo ha asegurado Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE, durante un evento online en el que los economistas han realizado unos comentarios «de urgencia al paquete de medidas tributarias aprobadas recientemente por el Gobierno».

Así, el profesional asegura que hay una serie de medidas dentro de la reforma fiscal que van a impactar de forma especial en las familias españolas: «El hecho de la creación de los nuevos impuestos, tanto el de los cigarrillos electrónicos como el de la banca, así como la entrada en vigor de la tasa de basuras en 2025, va a afectar a la presión fiscal que sufre el ciudadano».

Por tanto, según la opinión del CGE, el impuesto a la banca, que pretende gravar a las grandes entidades financieras de España, va a acabar repercutiendo en el bolsillo del ciudadano de a pie. Una afirmación que ha compartido, también, Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF-CGE, durante el evento.

Además, Fernández ha advertido sobre otros problemas fiscales de los ciudadanos, como la no deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que habría perjudicado de forma especial a los hogares: «El hecho de que lleve mucho tiempo sin modificarse determinados parámetros (del impuesto sobre la renta), está haciendo que los ciudadanos pierdan poder adquisitivo».

Esta opinión ha sido ya compartida por numerosos analistas. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana, esta discreta medida ha supuesto un golpe en el bolsillo de los contribuyentes de 27.100 millones de euros, una cantidad que estaría ahora mismo disponible para los ciudadanos españoles si no fuera por culpa de la alta inflación que ha sufrido el país en los últimos años.

Además, el presidente del REAF-CGE asegura que la forma de llevar a cabo esta reforma fiscal de Sánchez ha provocado inseguridad jurídica: «Desde el punto de vista de lo que es la técnica administrativa, hubiera sido mucho más conveniente que este conjunto de medidas se hubiesen planteado con anterioridad, no tan cercanas al cierre del ejercicio, y que se hubiesen hecho en el marco de una política tributaria ordenada y no tener que estar pendientes del establecimiento de un impuesto».

«Si a eso le añadimos que esta norma se publicó el sábado 21 y, el día 24, ya se modifica esta norma, esto genera una situación de poca seguridad jurídica y de incertidumbre para todos los operadores», ha sentenciado.

En el cierre de su intervención, Fernández ha aprovechado para denunciar otra situación que ha provocado incertidumbre y desconcierto, la de los mutualistas a los que se les iba a devolver el dinero pagado de más: «Es importante señalar el tema de los mutualistas, que está generando desasosiego».

«En el mes de mayo del año pasado, se estableció el procedimiento a través del formulario establecido por la Agencia Tributaria, se dijo que por esa vía se iba a devolver a quien tuviese derecho al mismo y, de repente, ahora, ese procedimiento se anula y se cambia el mecanismo para esa recuperación. En aquel momento, todo aquel que reclamase tenía derecho a las cantidades íntegras y ahora tienen que hacerlo de forma progresiva», explica el profesional.

El impuesto a la banca

El impuesto a las entidades financieras fue salvado a última hora gracias a los votos de Podemos. Con el apoyo de Junts, PNV, ERC, BNG y Bildu; el PSOE logró sortear las dificultades y poner de acuerdo a todos sus socios para implementar el nuevo sablazo fiscal.

De esta forma, el Gobierno se aseguró la aprobación del paquete fiscal, que en origen consistía en un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales y al que se sumaron otros impuestos, y que ya contaba con el apoyo de todo el bloque de investidura.

El Ejecutivo consiguió convencer a sus socios para subir el impuesto a la banca en un punto más de lo que se quería aprobar en un inicio, hasta el 7%. Todas las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros deberán abonar este nuevo tipo impositivo.