por el repunte de la inflación

La derogación de las pensiones de Rajoy obligará a Sánchez a gastar más de 4.000 millones en enero

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Mariano Rajoy, ex presidente.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Mariano Rajoy, ex presidente.
Carlos Ribagorda

La derogación de la ley de pensiones que aprobó el ex presidente Mariano Rajoy, que se materializará este jueves en el Congreso con la aprobación de la primera parte de la reforma de esta norma por el PSOE y sus socios, elevará el gasto público en más de 4.000 millones, lo que tendrá su efecto en el déficit y en la deuda pública. Esa reforma que verá la luz este jueves -tiene que pasar al Senado y volver al Congreso, aunque no se esperan cambios- vuelve a indexar el incremento de las pensiones con el IPC, lo que obligará al Ejecutivo a abonar la famosa paguilla a los pensionistas en enero.

Esa paguilla es la diferencia entre lo que se subió las pensiones a principios de año y la inflación real a final del ejercicio. En enero, el Gobierno subió un 0,9% de media las pensiones, mientras que la inflación interanual a cierre de septiembre está ya en el 4%. Al aprobarse la norma este jueves, en enero el Ejecutivo tendrá que hacer frente a un gasto del 3% del coste anual de las pensiones, que rondará en 2021 los 140.000 millones de euros.

Esto significa que en enero Sánchez elevará el gasto en pensiones en más de 4.000 millones de euros, cuatro décimas de déficit público. Esto agravará la situación de las cuentas públicas en 2022. A cierre de julio la deuda era ya del 120% del PIB y supera los 1,4 billones de euros. Hay que recordar que el gasto en pensiones supondrá ya este año el 12% del PIB nacional, según la previsión del Ejecutivo.

A esto hay que añadir que el crecimiento de este año no será el 6,5%, como mantiene el Gobierno. Tras el recorte que hizo el INE la semana pasada al crecimiento del segundo trimestre, que ha pasado del 2,8% al 1,1%, todos los expertos calculan que el PIB crecerá en el entorno del 5%, lo que repercutirá en la recaudación fiscal y en los ingresos del Ejecutivo. Todo, mientras las empresas siguen esperando a que lleguen las ayudas directas, los fondos de la UE, y los rescates de la SEPI.

Menos inflación

El Gobierno se agarra al argumento de que la inflación va a ralentizarse a final de año, acercándose algo al IPC subyacente -sin energía- que está en el 1% a cierre de septiembre. Sin embargo, los expertos calculan que los precios estarán en 2,5%. Esta previsión es de julio, y ya la aumentaron. Actualmente está en el 4%, por lo que no es descartable una nueva subida cuando revisen también su previsión de crecimiento.

El alza de la inflación se debe principalmente a los precios de la energía, que se mantendrán altos todo lo que queda de año según los expertos, por lo que la esperanza del Gobierno podría caer en saco roto.

Además de acabar con la norma de Rajoy que garantizaba una subida de las pensiones del 0,25% y no estaba ligada al IPC, la reforma del PSOE acaba con el factor de sostenibilidad, contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.

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