Las constructoras denuncian el «intervencionismo» de Sánchez y piden un pacto de Estado por la vivienda

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), mayor asociación de compañías constructoras de España, califica de «intervencionistas» las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes durante el foro Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar. Además, el sector ha pedido a los políticos que se tomen el problema en serio y sean capaces de llevar a cabo un pacto de Estado en materia de vivienda. Así lo ha afirmado el presidente de la organización, Pedro Fernández Alén.

Así, la patronal del sector de la construcción ha lanzado un comunicado en el que afirma que en las propuestas que tanto Gobierno socialista como el Partido Popular han hecho en torno a la Ley del Suelo hay más similitudes que discrepancias, por lo que pide un pacto de Estado para desbloquearla como primer paso.

De esta forma, CNC considera que es necesario empezar a plantear soluciones a la que ya es la principal preocupación de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las constructoras consideran positivo que la vivienda pase a protagonizar la agenda política y el debate público, pero defiende soluciones «urgentes, eficaces y reales, alejadas del ruido político y la aritmética electoral». Para ello, la organización pide huir de la «refriega en los debates parlamentarios» y lograr grandes acuerdos de Estado ante el principal reto del país.

Las constructoras contra el plan de Sánchez

En ese sentido, el sector considera que son necesarias medidas que busquen estimular la oferta de vivienda, liberar suelo edificable y promover bonificaciones fiscales, pues considera que, bien encaminadas, pueden incrementar cualitativamente el parque inmobiliario. Un aumento de oferta que, a su juicio, «sería más eficaz que el intervencionismo plasmado en algunas medidas desglosadas esta mañana y que podrían terminar agravando la inseguridad jurídica».

En este contexto, según los cálculos de la patronal, tendrían que construirse 220.000 viviendas anuales para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la velocidad de crucero de 150.000 en cinco años.

Pero en lugar de crear una gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar, CNC ve más conveniente reforzar la colaboración público-privada que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar «la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas» para ofrecer servicios, también de gestión, que desde las administraciones «no serían factibles desde el punto de vista presupuestario, ni razonable ante el valioso tejido empresarial» del país.

Desde el punto de vista fiscal, la patronal ya propuso implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda, así como implementar un programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas y generalizar la actualización de los módulos de los planes de vivienda.

En paralelo, CNC también ve necesario reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal, a través de la reforma del Código Penal, para proteger y eximir del pago del impuesto IBI a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda. Y con el mismo objetivo, plantea modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que estas personas puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Finalmente, la patronal opina que la construcción industrializada «no es la panacea», pero sí una nueva forma de construir que va a simplificar mucho los trabajos al reducir los plazos de entrega y algunos costes; tras la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno de lanzar un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular.

CNC admite que este tipo de construcciones puede presentarse como una vía para hacer vivienda asequible intentando replicar construcciones en diversas promociones y reduciendo así los costes, pero alerta de que no está suficientemente extendida y también sufre un problema de seguridad jurídica y de ralentización de los trámites.

Por otro lado, las constructoras advierten de que se necesita mano de obra especializada y reforzar la formación de los trabajadores, así como adaptar la ley del suelo para agilizar la obtención de licencias y autorizaciones.

Según Fernández Alén, «Gobierno y oposición deben atender a los problemas de los ciudadanos, no a los suyos propios. Y el de la vivienda es el mayor que encaramos como sociedad».

Por ello, a su juicio, lo «más urgente» es desbloquear la Ley del Suelo y plantear una nueva regulación para que cualquier error menor o ausencia de trámite formal o subsanable pueda desterrar un desarrollo urbanístico vivo durante más de diez años. «En eso coinciden los principales partidos, por lo que ha llegado la hora de bajar las armas en la batalla política por la vivienda y de demostrar altura de miras para plantear soluciones conjuntas alejadas del ruido y de la aritmética electoral», ha reiterado.