El Consejo de Estado da argumentos a las eléctricas contra Cani Fernández: «Ha desmontado a la CNMC»

El Consejo de Estado que preside Carmen Calvo, ex ministra socialista, ha dado el empujón definitivo a las eléctricas para abrir la batalla judicial contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dirige Cani Fernández.

El Consejo de Estado ha difundido este viernes dos dictámenes sobre las circulares de la CNMC que limitan la retribución a las inversiones en redes eléctricas al 6,58%, en contra de la opinión del sector y de la propia ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. «Ha desmontado las circulares de Competencia con argumentos de mucho peso que utilizaremos para los recursos contra las circulares de la CNMC», adelantan fuentes del sector.

Las eléctricas ya tenían argumentos jurídicos contra las circulares de la CNMC con el voto particular del vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, pero ahora los dictámenes del Consejo de Estado dan el empujón definitivo para que Endesa, Iberdrola, Naturgy y el resto del sector inicien la batalla legal contra Competencia.

El dictamen del Consejo de Estado es clave para las eléctricas por tres aspectos. En primer lugar, por la «falta de justificación por parte de la CNMC sobre la suficiencia retributiva de la metodología»; segundo, por la «ausencia de base legal para vincular la retribución de las distribuidoras con la incorporación de nueva demanda»; y tercero, por la «invasión de la CNMC en las competencias del Gobierno para fijar el límite de inversiones con derecho a retribución», explican fuentes del sector.

Sobre el primer punto, las eléctricas destacan que el Consejo de Estado dice en su dictamen que la CNMC «debe incluir alguna justificación de las razones por las cuales espera que los datos considerados en el análisis, referidos a las retribuciones de los años 2020 a 2022, vayan a mantener valores similares en el nuevo periodo regulatorio, habida cuenta de que muchos actores han alegado que en este periodo se espera un incremento significativo de costes».

«Además, debe justificar en la memoria que la aplicación de los distintos parámetros y ajustes de eficiencia permite a las empresas cubrir los costes propios de una empresa eficiente y bien gestionada y obtener una rentabilidad adecuada a una actividad de bajo riesgo», apunta el Consejo de Estado y destacan las eléctricas como argumento clave.

Sobre el segundo punto, la falta de base legal para vincular la retribución de las distribuidoras con la incorporación de nueva demanda, las eléctricas quieren destacar la parte del dictamen del Consejo de Estado que señala que «la metodología retributiva que establezca la CNMC podrá diseñar incentivos que promuevan una gestión eficiente de la red (artículo 14.3 de la Ley del Sector Eléctrico) o mejorar la disponibilidad de las instalaciones (artículo 14.8 bis). Lo que no cabe es crear incentivos que no tengan un sustento legal expreso, como sucede con la incorporación de nueva demanda a la red».

«Un incentivo de esta naturaleza supondría hacer responsable al distribuidor de la incorporación de nueva demanda y, en consecuencia, de nueva potencia, con posibles consecuencias negativas para su retribución en caso de no conseguirlo. Es decir, implicaría trasladar al distribuidor una parte de lo que en el expediente se ha llamado riesgo de demanda», subrayan.

El Consejo de Estado, destacan, pide claramente en el dictamen eliminar la condición de la creación de nueva demanda para calcular la retribución. «La CNMC carece de competencia para exigirlo», sentencia.

Sobre el tercer punto, la cantidad de la inversión en redes que se puede retribuir, el Consejo de Estado advierte que la CNMC no tiene competencias para establecer el límite -fijado ahora por el Gobierno en el 0,13% del PIB-. El organismo que preside Carmen Calvo señala que «el establecimiento de un límite a las inversiones retribuibles con cargo al sistema excede de las competencias atribuidas a la CNMC ex artículo 7.1.g) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, e invade las atribuciones de planificación atribuidas al Gobierno por la Ley del Sector Eléctrico».

Con estos argumentos, más los del voto particular de Castillejo, vicepresidente de la CNMC, las eléctricas preparan ya la batalla judicial para enterrar las circulares que limitan la retribución a la inversión en redes eléctricas al 6,58%. Las compañías pedían como mínimo un 7%, en línea con el resto de países europeos.