Iberdrola y Endesa dejan en el aire 8.000 millones de inversión en España por las trabas del Gobierno

Iberdrola y Endesa, las dos grandes eléctricas del país, han dejado en aire 8.000 millones de euros de inversión en redes en España en los próximos tres años. La propuesta de Competencia de retribución a estas inversiones no es suficiente para hacerlas rentables, aseguran las eléctricas, y exigen al Gobierno que las incremente para garantizar sus inversiones justo cuando denuncian que más del 83% de las redes eléctricas actuales ya están colapsadas. La consecuencia es que muchos negocios no han podido instalarse en España por falta de electricidad, con la consiguiente pérdida de inversiones para el país.

Las advertencias públicas de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y de José Bogas, consejero delegado de Endesa, sobre la opción de llevarse las inversiones a otro país se producen además en medio de la batalla que mantiene el sector con el Gobierno y Red Eléctrica por el apagón del 28 de abril y por el cierre nuclear.

Iberdrola ha presentado este miércoles en Londres su plan estratégico 2025-2028, en el que contempla invertir 58.000 millones de euros en este periodo. La mayor parte irán a Estados Unidos y Reino Unido, mientras que para España tiene previsto destinar 4.000 millones a Redes y 5.000 millones para Generación y Clientes.

Según ha señalado Galán ante los inversores, Competencia y el Gobierno tienen que ponerse de acuerdo y zanjar sus diferencias sobre la retribución a las inversiones en redes. Competencia ha propuesto un 6,46%, una cifra alejada del entre el 7% y el 8% que piden las eléctricas. El Gobierno quiere que la cifra definitiva sea mayor de ese 6,46%, pero Competencia se niega.

Por eso, Galán ha pedido que Gobierno y Competencia «resuelvan sus diferencias», y que en Reino Unido el Ejecutivo y Competencia van en la misma dirección y por eso es fácil invertir allí. Galán ha advertido que si no, «hay muchos lugares» donde Iberdrola podría «llevarse el dinero con mejores retornos», dejando en el aire los 4.000 millones de inversión previstos.
«Si no hacemos una inversión en España, podemos llevarla a otro sitio que nos genere mejores retornos», ha dicho.

Galán se une a Bogas, de Endesa, que el lunes advirtió que no podría cumplir con el plan estratégico de la eléctrica, que marca una inversión en España en redes de 4.000 millones, si el Gobierno no aumenta la retribución a la inversión en redes. Defienden que la cifra propuesta por Competencia es peor que la del anterior periodo, 5,58%, por el alza de los tipos de interés.

Las advertencias de Iberdrola y Endesa ponen aún más en riesgo negocios para España por la saturación de las redes. Las eléctricas denunciaron hace unas semanas que el 83% de las redes existentes ya estaban saturadas, lo que originó que no pudieran aceptar numerosas peticiones de industrias y negocios para enchufarse al sistema. La pérdida de inversiones para España es millonaria por esta cuestión.

Y todo en medio de varias batallas abiertas entre el sector y el Gobierno. El cierre de los reactores nucleares de Almaraz, previsto para 2027 y 2028, está cada vez más cerca ya que las posiciones de las dos partes están enrocadas. Las eléctricas esperan un movimiento del Gobierno para proponer oficialmente su ampliación, y el Ejecutivo que las eléctricas le presenten su propuesta definitiva sin que la ampliación de la vida de las nucleares implique un incremento de la factura de la luz.

Galán ha señalado este miércoles ante los inversores que Almaraz está abocada al cierre e Iberdrola ya lo da por hecho. Igual que Endesa, principales propietarios de la central, que no ve solución si el Gobierno no mueve ficha. Las empresas consideran que mantenerlas abiertas es inviable si no se reduce la carga de impuestos que soportan.

Y, además, la guerra por ver quien es el responsable del apagón del 28 de abril. La cuestión es clave porque el responsable tendrá que pagar cientos de millones en indemnizaciones. Iberdrola y Endesa han presentado sendas denuncias ante el Tribunal Supremo para dejar sin efecto el primer balance que ha hecho el Gobierno sobre las causas del apagón, ya que consideran que debe ser el Supremo quien lo determine.