Compró una vivienda con okupas y el Constitucional dicta sentencia: sorprendentemente así ha sido el fallo

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de una propietaria que compró una vivienda con okupas dentro. El TC ha considerado que el juez sobre el que recayó el caso actuó de forma «arbitraria» porque decidió mantener suspendida la expulsión de los okupas de la vivienda. Así que la Justicia ha dado la razón a esta propietaria que tuvo que recurrir al Constitucional ante su problema con los okupas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la sentencia a favor de una mujer que compró una casa con okupas dentro.

España tiene un problema con los okupas y los números lo atestiguan, a pesar de que Pedro Sánchez y su Gobierno a la deriva sigan afirmando que esto es un bulo que procede de la derecha. Desde el propio Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior confirmaron que en el pasado 2024 se dieron 16.426 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles, siendo 1.137 hechos más que en 2023. Esto teniendo en cuenta que sólo se han recogido los casos que han sido denunciados ante las autoridades.

La presencia de okupas en las viviendas españolas es ya un clásico de nuestro país y por ello el Tribunal Constitucional está en el foco de la noticia después de publicar una sentencia el pasado 19 de noviembre en su página web oficial. En ella, da la razón a una mujer que compró una vivienda con okupas dentro y que se había encontrado con una suspensión del desahucio por parte de las primeras instancias judiciales. Por ello, esta propietaria decidió recurrir y ahora se ha estimado su recurso de amparo.

El Constitucional y la vivienda con okupas

Esta historia comenzó cuando la vivienda en cuestión era propiedad de una empresa y la inquilina de por entonces se negó a pagar la renta. Ante esta situación, la compañía emprendió acciones legales y la okupa en cuestión abandonó el inmueble ante la amenaza de los tribunales. Tras ello, la vivienda volvió a ser ocupada por varias personas de forma ilegal, según informa en su sentencia el Tribunal Constitucional.

El TC también informa que se suspendió el lanzamiento hasta el 31 de enero de 2021, por el Real Decreto 11/2020, «acreditada la situación de especial vulnerabilidad económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19» de los nuevos okupas de la vivienda. Después se alargó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2022 y, ante esta situación, la mujer que había adquirido la vivienda solicitó al órgano judicial la reanudación del procedimiento «alegando que no concurrían ya los presupuestos del art. 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, por no tener la demandante la condición de gran tenedora».

«El juzgado se negó a alzar la suspensión, argumentando que se trataba de un procedimiento de desahucio por falta de pago y no de un supuesto de ocupación ilegal sin título», y contra «esta decisión judicial interpuso recurso de amparo la nueva propietaria, alegando la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)», informa la sentencia del Tribunal Constitucional.

«La sentencia de la Sala Segunda estima la demanda de amparo y declara la nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas (no siendo necesario acordar la retroacción de actuaciones porque, con posterioridad a la interposición del recurso de amparo, se produjo el lanzamiento del ocupante ilegal de la vivienda)», dice el TC en un comunicado publicado en su nota de prensa.

Por ello, el Tribunal Constitucional dictamina que «al aplicar de manera arbitraria el art. 1 del Real Decreto-ley 11/2020 (suspensión del lanzamiento de arrendatario vulnerable) en lugar de su art. 1 bis, el juzgado acordó prorrogar la suspensión del lanzamiento sin tener en cuenta los requisitos que deben concurrir cuando el ocupante carece de título por no pagar renta o merced». Así que por ello ha estimado el recurso de amparo de esta mujer que compró una vivienda okupada y que un juez había decidido paralizar la expulsión de los delincuentes.