La CNMC multa a Accenture, Atos, Everis, IBM, Indra y seis empresas más por repartirse mercado de las Administraciones Públicas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sanciona Accenture, Atos, Everis, IBM, Indra y seis empresas por repartirse mercado de las Administraciones Públicas.
El organismo supervisor reconoce que existió una «conducta instigadora» por parte de las Administraciones Públicas para que las compañías, que ofrecen servicios informáticos y aplicaciones, se repartieran el mercado por vía de acuerdos para licitaciones con dichos organismos, según fuentes cercanas a la CNMC que citan una resolución de su Consejo de 26 de julio.
Pese a ello, la CNMC ha multado a un total de once empresas: Accenture, Atos, Babel, Cibernos, Connectis, Everis, Gesein, IBM, Indra, Next y Software AG España. La cuantía de la sanción, en la mayoría de los casos, ha sido menor al importe máximo que asciende al 10% del volumen del negocio de la compañía en el ejercicio precedente.
Cuantía de la sanción
La CNMC abrió un expediente en abril de 2016 a once empresas de servicios informáticos y aplicaciones tras considerar que habrían llegado a acuerdos para repartirse el mercado, algo prohibido por las normas de Competencia. Las sanciones del organismo se refieren a actividades que se produjeron fundamentalmente desde 2005 hasta enero de 2015.
Tras concluir la investigación dos años después, la CNMC multará a estas once empresas. Los tipos sancionadores varían considerablemente en función de la entidad, según las mismas fuentes consultadas, e incluso en algunos casos es inferior al 1% de la facturación registrada en 2017 como en el caso de Accenture (0,03%), Everis (0,06%), IBM (0,59%) o Indra (0,73%).
En otros casos, se sitúa entre el 1% y el 4,5% del volumen de negocio. Este es el caso de Atos (1,7%), Babel (2,5%), Cibernos (2,4%), Gesein (3,5%) Connectis (4,3%) y Next (2,3%).
La más perjudicada ha sido Software AG, cuyo tipo sancionador asciende al 8% de su volumen de negocio registrado en el ejercicio precedente. Su multa se eleva hasta los seis millones de euros de un total de facturación de 75,19 millones de euros en 2017.