Clamor entre los inversores internacionales para que el Gobierno elimine el escudo antiopas

El Spain Investors Day celebrado esta semana en Madrid, más allá de confirmar que nuestro Gobierno está a la luna de Valencia con su transición ecológica y su recuperación sostenible y justa, ha dejado claro cuál es el principal obstáculo para que los inversores extranjeros se interesen por España: el intervencionismo gubernamental en las empresas, en especial el escudo antiopas que obliga a pedir permiso al Ejecutivo para comprar más del 10% de una compañía cotizada que Pedro Sánchez, con un criterio más que discutible, considere estratégica.

Los inversores preguntaron reiteradamente a las ministras que intervinieron en este foro, Calviño y Ribera, por qué no levantaban de una vez este blindaje. La respuesta de ambas fue que otros países también lo tienen, que es necesario para proteger los dichosos sectores estratégicos y que, bueno, tampoco es para tanto, si total, estamos dando permiso a todos y el proceso es de lo más claro y transparente. Menos mal que no dijeron también rápido, porque se tiran seis meses para cada operación.

Pero como viven cegados por la ideología y ajenos al mundo real, no entienden que el problema no es que al final aprueben o no las operaciones, sino que el mero hecho de tener que someterse a la arbitrariedad gubernamental -y esperar sentados una respuesta- es lo que echa para atrás muchas inversiones. A la lista de operaciones aprobadas habría que añadir las nonatas que pudieron ser y no fueron por estos obstáculos, y que nunca llegaremos a conocer.

La CNMV se suma al clamor

Hasta el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura -que ése sí se moja los pies en el mercado-, pidió en el mismo foro retirar el escudo de marras. «Sería positiva una normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas», dijo. Y argumentó que, aunque el Gobierno debe defender el interés general, «desde el punto de vista del mercado de valores y los intereses de los accionistas e inversores, la apertura internacional es un valor en sí mismo». Una obviedad, pero que es necesario recordar cuando nos gobierna quien nos gobierna (lo de la actuación de la CNMV en el asunto de IFM y Naturgy lo dejamos para otro día).

Lejos de atender este clamor, el Gobierno ha hecho todo lo contrario: endurecer el blindaje. Empezó en marzo de 2020 siendo una cosa temporal y limitada a los países no europeos, con el espíritu de evitar que los chinos y los petrodólares se hicieran con grandes empresas españolas aprovechando el desplome de las cotizaciones cuando cundía el pánico por el estallido de la pandemia. Luego lo extendió a los inversores de la UE aprovechando que la Comisión Europea levantó la mano en esto como en tantas otras cosas en medio del desbarajuste. Y más tarde lo alargó hasta 2023… como mínimo.

Hasta ahora, el Consejo de Ministros ha autorizado la opa de KKR, Cinven y Providence sobre Masmóvil, la de ésta sobre Euskaltel y la de EQT sobre Solarpack. También aprobó con condiciones la citada opa parcial de IFM sobre Naturgy. Y ahora tiene encima de la mesa la solicitud de Vivendi de pasar del 9,9% al 29,9% de Prisa.

Estratégico es lo que diga Pedro Sánchez

Precisamente, el asunto de Prisa nos lleva al pequeño problemilla que tiene el Gobierno con la definición de «estratégica». Si Plus Ultra se consideró estratégica para poder rescatarla con dinero público, cualquier cosa puede serlo. En un país serio (Francia no vale en este asunto), se puede admitir como estratégicas para que el Estado meta la mano en ellas industrias como defensa, energía o infraestructuras (aeropuertos, estaciones, etc.). Pero poco más. ¿Telecomunicaciones? Cuando el sector están liberalizado y con la fuerte competencia que hay en España, es difícil justificarlo. ¿Masmóvil o Euskaltel son estratégicas? ¿De verdad?

Pero ya lo que riza el rizo es lo de los medios de comunicación, en un país con libertad de prensa donde hay miles de cabeceras, emisoras de radio y de televisión. Claro, para el Gobierno actual Prisa sí lo es por razones obvias: no puede arriesgarse a que cualquiera tome el control de su principal apoyo mediático y le cambie la línea editorial; de hecho, ésa es la exigencia que va a imponer a Vivendi (bajo cuerda, claro está), como informó OKDIARIO.

Si un país, en vez de dar facilidades a los inversores, ventajas fiscales y laborales (que esa es otra, la contrarreforma laboral, más piedras en el zapato de los empresarios), libertad de acción, seguridad jurídica y poca burocracia, hace todo lo contrario -rigideces, infinidad de permisos y licencias, altos impuestos, constantes cambios normativos, regulaciones estatales, autonómicas y municipales diferentes y hasta contradictorias, etc.-, lo lleva claro en el mundo actual. Hay mucha competencia por las inversiones internacionales, y numerosos países están dispuestos a dar lo que nosotros negamos. Y con el paro y la anémica recuperación que sufrimos, no nos lo podemos permitir.