Las cajetillas de tabaco subirán hasta los 7 € en 2028 si Bruselas aprueba el aumento de impuestos
El coste de cada paquete podría aumentar alrededor de 1,40 euros por unidad
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Las cajetillas de tabaco podrían sufrir una gran subida de precios si la Comisión Europea lleva a cabo el incremento de impuestos que planea. Según estimaciones de expertos consultados por este periódico, el coste de cada paquete podría aumentar alrededor de 1,40 euros por unidad, algo que llevaría el precio total de cada uno a tocar o, incluso, superar los 7 euros. De salir adelante, esta medida se haría efectiva dentro de dos años, en 2028.
Así consta en la Propuesta de Directiva al Consejo, lugar en el que se sentencia que «dichas medidas» se «aplicarán a partir del 1 de enero de 2028». Este documento expone la aplicación de «un impuesto especial a los productos relacionados con el tabaco», entre los que se incluyen, además de los pitillos, «líquidos para cigarrillos electrónicos», «bolsas de nicotina» y «otros productos de nicotina».
«Los Estados miembros aplicarán un impuesto especial a los productos relacionados con el tabaco», sentencia. Si la propuesta sale adelante, los países de la UE podrán elegir entre una de las siguientes opciones:
- Un impuesto sobre el valor «calculado sobre la base del precio máximo de venta al por menor de cada producto, determinado libremente por los fabricantes establecidos en la Unión y por los importadores de terceros países».
- Un impuesto específico «expresado en cantidad por kilogramo».
- «Una mezcla de ambos, combinando un elemento ad valorem y un elemento específico».
Impuesto a las cajetillas de tabaco
En el caso de que el Gobierno decida aplicar la primera o la última opción, la propuesta establece que podrá «establecer un importe mínimo de impuesto especial», reforzándolo y asegurándose de que va a haber una cantidad fija de recaudación.
Este impuesto se aplicará «a todos los productos pertenecientes al grupo de productos relacionados con el tabaco de que se trate, sin distinción dentro de cada grupo en cuanto a calidad, presentación, origen de los productos, materiales utilizados, características de las empresas implicadas o cualquier otro criterio».
Por esta razón, tal y como adelantó este periódico, más de 80 representantes de toda la cadena de valor del sector del tabaco y la nicotina en Europa enviaron una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comisario responsable de fiscalidad, Wopke Hoekstra, y a los 27 ministros de Finanzas de los Estados miembros de la UE.
En ella, los afectados expresaron su profunda preocupación por esta situación. Y es que la propuesta de la Comisión Directiva incluye un aumento del 140% en los impuestos especiales sobre los cigarrillos, del 260% sobre el tabaco de liar y subidas importantes en los productos sin humo. Estos últimos productos, según las pruebas disponibles que tienen en cuenta un cambio completo por el cigarrillo, suponen un riesgo menor que este.

Según el sector, la subida de impuestos que ha planteado Bruselas y que afecta a las cajetillas de tabaco puede llegar a tener consecuencias dramáticas en la economía, la sociedad y la salud pública. Los representantes consideran que también socavará los propios objetivos de salud de la UE al hacer que estos productos sin humo sean prohibitivamente caros.
En la carta enviada a las autoridades, el sector del tabaco ha denunciado que la propuesta frenaría el crecimiento, la investigación y la innovación, sin ofrecer a cambio mejoras significativas en materia de salud. Además, los profesionales han recordado que aportan 224.000 millones de euros al PIB de la UE y dan empleo a más de 2 millones de personas en toda Europa.
Además, los ingresos fiscales que se obtienen gracias a esta actividad ya ascienden a los 112.900 millones de euros, más de la mitad de todo lo que aportan a todas las economías comunitarias.
En la misiva, los que llevan a cabo esta actividad han argumentado que una fiscalidad excesiva corre el riesgo de alimentar el comercio ilícito y la delincuencia organizada, que ya cuesta a los gobiernos 17.000 millones de euros en pérdidas de ingresos.