Banco de España y CNMV autorizarán al Popular crear un ‘banco malo’ para sus activos inmobiliarios

Una de las medidas estrella de la estrategia del Banco Popular para caminar en solitario y no ser absorbido en el proceso de fusiones está a punto de ser autorizada por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los reguladores darán luz verde a la creación de un banco malo que permita segregar activos inmobiliarios por un importe de 6.000 millones de euros, lo que reducirá la exigencia de futuras provisiones a la entidad que presidirá Emilio Saracho una vez que su nombramiento sea aprobado por los accionistas.

La creación de este banco malo es una de las medidas incluidas en el plan que ha diseñado el todavía presidente del Popular, Ángel Ron, bautizado como “proyecto Sunrise”. Se trata de un conjunto de estrategias culminarán en 2018 y que se pueden resumir en tres grandes conceptos: ajuste de costes, venta de activos y potenciación del negocio bancario para aumentar la rentabilidad.

Según ha podido saber OKDIARIO, aunque el pasado octubre el Banco de España rechazó permitir al Popular segregar una parte de sus activos inmobiliarios en una nueva entidad (permitiéndole sacarlos de balance), el anuncio de la llegada de Saracho ha permitido flexibilizar la posición del organismo que dirige Luis María Linde y sus técnicos trabajan para encontrarle un encaje regulatorio a la operación.

Fuentes del sector financiero consultadas por este diario indican que la CNMV también es proclive a autorizar la citada segregación de activos y señalan que “lo normal es que los reguladores no carguen más los hombros del Popular negándole la puesta en marcha de una medida que, aunque no va a ser la panacea para que el banco supere sus problemas, servirá para no entorpecer la gestión del nuevo presidente y para lanzar un mensaje de confianza”.

El mercado espera al viernes para conocer los resultados anuales del Popular, que son una incógnita tras un año muy difícil para la entidad que se ha traducido en una caída de la cotización de las acciones.  Durante el mandato de Ron, el banco ha sido uno de los más expuestos a la crisis del ladrillo y se ha enfrentado a un deterioro de su balance mayor que el del resto de entidades del Ibex (descartando la nacionalizada Bankia) y unas mayores exigencias regulatorias.

El banco, que obtuvo la nota más baja del sector en España en las últimas pruebas de estrés a la banca europea, cerró en junio una ampliación de capital de 2.500 millones de euros para limpiar su balance y anunció provisiones de 4.700 millones.

Al mismo tiempo la entidad financiera puso en marcha un ajuste de plantilla de casi 2.600 empleados y diseñoó el citado un programa para sacar de su balance los 6.000 millones de euros que tiene en activos inmobiliarios tóxicos y que ahora será puesto en marcha una vez que los reguladores se pronuncien oficialmente.

A pesar de que algunos analistas han puesto el foco en la solvencia del banco, los datos facilitados por la entidad constatan que la salud del Popular no corre peligro, al menos a corto plazo, sobre todo gracias a la inyección de 2.500 millones de euros que supuso la citada ampliación de capital realizada hace unos meses.

El ratio de capital CET1 phase-in del grupo se sitúa en el 15,29% y el ratio de apalancamiento comparable en 7,36%, con datos a cierre del tercer trimestre de 2016. No obstante, el objetivo número 1 de Emilio Saracho, además de impulsar el «proyecto Sunrise» heredado de su predecesor, es captar capital para aumentar la fortaleza del balance. La carrera profesional de Saracho en JP Morgan y consejos de administración de compañías de primer nivel le hacen un candidato idóneo para reflotar el banco.

Fuentes cercanas al nuevo presidente confirman que Saracho no tiene ninguna intención de negociar una fusión y que “va a intentar sacar el proyecto adelante sin necesidad de compañeros de viaje”, ya que “es un reto que le hace mucha ilusión y para el que está sobradamente preparado”. El nuevo presidente de Popular ha pactado una remuneración superior a la de Ángel Ron y tendrá una indemnización de un año de sueldo en caso de cese. Si logra sanear el balance tendrá un extra variable.

La nueva regulación bancaria en materia de resolución de entidades con problemas y el castigo fiscal a los denominados “activos diferidos en balance” son dos elementos adicionales que presionarán al sector este año y que no son ajenos al Popular, factores que se suman al entorno de bajos tipos de interés que presiona los márgenes de las entidades.