Así se llevó a Unipost a la liquidación: de enviar cartas gratis del 1-O a ‘timar’ a sus clientes

Los envíos realizados por Unipost para el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña costaron un millón de euros, según ha comunicado la administradora concursal de la compañía al juez que investiga los preparativos del 1-O por un posible delito de malversación de caudales públicos.

Ese millón de euros finalmente la empresa no los reclamó a la Generalitat, según ha comunicado al juzgado la administradora, por lo que Unipost decidió realizar los envíos de las papeletas de la consulta ilegal totalmente gratis. Una estratagema, puesto que evita que puedan ser acusados de malversación de caudales públicos los dirigentes de la Generalitat -aunque hay otros pagos, como la campaña de publicidad-.

Según declaró la empresa ante el juez, las facturas de estas cartas se remitieron a la Generalitat el 7 de septiembre, pero fueron anuladas ese mismo día. Esta misma empresa ya se encargó del reparto de la propaganda de la anterior consulta, la de 2014.

Mientras esto ocurría, la empresa que nació en 2001 para tumbar a la estatal Correos mantenía en sus almacenes 3,4 millones de cartas de dos de sus clientes sin enviar porque no tenía liquidez para pagar el franqueo. Misivas que, sin embargo, sí había facturado.

Así lo ha corroborado este miércoles la CNMC, que ha impuesto una sanción a Unipost de 80.001 euros por infringir de manera muy grave la Ley Postal por no enviar esas cartas. Unipost aseguraba a las empresas ‘timadas’ que las misivas no habían llegado por culpa de Correos.

Esa sanción ha sido impuesta tras una serie de artículos de este diario, publicados en el verano de 2017. Esas denuncias han sido el detonante del inicio del expediente, algo inédito.

Liquidación

La empresa de los Raventós se encuentra en fase de liquidación desde febrero del año pasado, después de que fracasaran todos los intentos de encontrar un comprador.

Unipost, donde trabajaban más de 2.000 personas, instó el concurso de acreedores el 12 de julio de 2017 con unos activos de 40 millones y unas deudas de 47 millones. La situación se ha ido agravando por el deterioro del negocio y se convirtió en insostenible al no poder afrontar los costes del despido colectivo de toda su plantilla.

En medio del proceso de liquidación, la compañía anunció en noviembre la interposición de una demanda contra Correos por abuso de competencia. Le reclama 100 millones de euros.