Adiós confirmado al dinero de Hacienda: la lista de los mutualistas que no van a cobrar

El fallo del Tribunal Supremo, emitido en febrero de 2023, ha causado un gran revuelo entre millones de antiguos trabajadores en España. La sentencia exige a Hacienda la devolución de 1.700 millones de euros a aquellos mutualistas que, entre 1967 y 1978, pagaron impuestos de más debido a un error en el tratamiento fiscal de sus aportaciones a mutualidades laborales. Durante ese periodo, dichas aportaciones debían estar exentas de impuestos, pero fueron tratadas como rendimientos del trabajo, lo que resultó en que estos trabajadores tributasen sobre el 100% de lo recibido, cuando lo correcto habría sido tributar solo sobre el 75%. Aunque la sentencia ha sido recibida con alivio por muchos, lo cierto es que el proceso de devolución está resultando mucho más complicado de lo esperado.

El fallo afecta a un total de 4,8 millones de personas, muchas de las cuales ya llevan años jubilados, lo que añade un matiz aún más delicado al asunto. En teoría, Hacienda debería facilitar la devolución de estas cantidades de manera expedita. Sin embargo, las dificultades no han tardado en aparecer, y lo que parecía una compensación justa por un error de décadas, se está convirtiendo en una pesadilla burocrática para muchos. Cierto es que la Agencia Tributaria habilitó un canal para que los afectados pudieran solicitar la devolución de las cantidades pagadas de más, pero este proceso ha desvelado problemas que han frenado, y en algunos casos impedido, que los mutualistas puedan recibir el dinero que les corresponde. El principal problema radica en la documentación exigida por Hacienda. Para poder tramitar la devolución, los mutualistas deben presentar justificantes y recibos que datan de más de cincuenta años. Para muchos, esto es un obstáculo casi insalvable, ya que encontrar y presentar documentos de hace medio siglo es una tarea monumental, y en algunos casos, simplemente imposible.

La lista de los mutualistas que no van a cobrar

Sin los recibos y la documentación necesaria que acredite esas aportaciones a mutualidades laborales entre los años 1967 y 1978, los mutualistas se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin el dinero que, según el Tribunal Supremo, les pertenece. A esto se suma que Hacienda ha recibido un número abrumador de solicitudes, lo que ha causado una saturación en el sistema y ha provocado retrasos considerables en el procesamiento de los casos. Por ello, ante una situación que se está complicando, y muchos de los afectados ven sus expectativas frustradas.

Es difícil imaginar que, después de tantos años, las personas afectadas por este error fiscal tengan acceso a los documentos que les permitirían demostrar lo que pagaron de más. En aquellos años, los registros digitales no existían y todo se gestionaba en papel. Las empresas que gestionaban las mutualidades han cerrado en muchos casos, los archivos han sido destruidos o perdidos, y los jubilados que ahora intentan obtener justicia se encuentran con una barrera documental infranqueable. No es una sorpresa que, para algunos, la noticia de la sentencia que en un principio parecía una luz de esperanza, se haya tornado en una fuente de frustración al no poder acceder a lo que legalmente les corresponde.

Por otro lado, el sistema de Hacienda no estaba preparado para recibir tal avalancha de solicitudes. Miles de mutualistas presentaron sus reclamaciones a la vez, y esto colapsó el sistema. La Agencia Tributaria ha intentado, en la medida de lo posible, gestionar la carga, pero la acumulación de expedientes y las demoras en el estudio de la documentación han provocado que muchos casos se queden en el limbo. A esto hay que añadir la complejidad de los requisitos que se solicitan, lo que ha generado más trabas en el proceso. Muchos jubilados, con la esperanza de recuperar lo que pagaron de más, se encuentran atrapados en una maraña burocrática que parece no tener fin.

¿Qué pueden esperar los mutualistas afectados?

La realidad es que, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, muchos de los afectados pueden no ver ni un euro de esa devolución. Sin los documentos adecuados, Hacienda ha dejado claro que no realizará la devolución. En teoría, esto suena razonable: no se puede devolver un dinero que no está justificado. Sin embargo, lo que para Hacienda es una norma razonable, para los mutualistas es una condena. La imposibilidad de acceder a los documentos de hace más de cinco décadas es una realidad para muchas personas mayores, y aunque la Agencia Tributaria ha asegurado que estudiará cada caso, la falta de flexibilidad en los requisitos es un obstáculo mayor que está dejando a miles de personas sin la posibilidad de recibir lo que por derecho les corresponde.

Además, el proceso no sólo es largo, sino también agotador. Para muchos jubilados, lidiar con los trámites burocráticos y la búsqueda de documentos perdidos es una tarea extremadamente complicada. En algunos casos, las familias han tenido que involucrarse para ayudar a sus mayores en este proceso, pero no siempre es suficiente. Y es que el tiempo no perdona: la edad y el deterioro de la salud de muchos de los afectados añaden una capa más de dificultad a este proceso ya de por sí complejo.